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La directiva de la Asociación Española de Pediatría insiste en no dar respuesta a través de sus portavoces directos a los numerosos interrogantes que surgen en el frente abierto contra el ex presidente de la AEP, Alfonso Delgado (ver GM nº 441). Fuentes de la asociación remiten al despacho de abogados que lleva el caso, argumentando que se trata de asunto jurídico, y no médico, de ahí la negativa a pronunciarse sobre este asunto controvertido.
Tanto la Asociación Española de Pediatría como la Fundación Española de Pediatría han interpuesto un recurso de apelación, al que se ha adherido el Fiscal, contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid que acordaba el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias contra Delgado por apropiación de fondos. La acusación particular le imputaba cantidades de 52.854,11 euros, montante que fue abonado a McGraw Hill; otra cuantía de 27.311,26 euros de los que fue beneficiario, y 18.000 euros en concepto de retribución de la empresa ICM.
El auto es contundente: “Ha quedado claro que no ha existido por parte del denunciado apropiación de cantidad alguna de las que la acusación particular expresamente imputada, es decir, no ha habido delito alguno”. Y lo que es más, remarca que para imputar a una persona un delito de apropiación indebida ha de haber un indicio, sin que puedan formularse “imputaciones a bulto, genéricas o por meras hipótesis por elucubración”, una apreciación que señala “en base a la alegación de querer imputar a Delgado la cantidad de 156.358 euros” que, según la empresa auditora de las cuentas de la AEP, cuyo informe ha dado lugar al proceso, no han sido justificadas con soporte documental.
Aún así, la AEP sigue adelante en su batalla, pero se niega a informar sobre los recursos económicos que ha destinado a este conflicto hasta la fecha, ni sobre su previsión de continuar invirtiendo nuevas cantidades en la defensa jurídica del mismo. Ningún responsable de la Junta Directiva actual aclara a este periódico qué les mueve a continuar adelante, a pesar del auto del Juzgado, ni por qué consideran que es insuficiente.
No obstante, según ha podido saber GM, la AEP sí ha remitido a sus socios un documento de ocho páginas con un informe del despacho de abogados que lleva el caso explicando las todas actuaciones legales llevadas a cabo a raíz de las irregularidades detectadas en la contabilidad de la asociación y la fundación entre 2008 y 2009.
