Esther Martín del Campo Madrid | viernes, 21 de noviembre de 2014 h |

La Asociación Española para el Estudio del Hígado se reúne en Sevilla en estos días en la II Conferencia de Consenso del Tratamiento de la Hepatitis C, tras la reciente publicación de los informes de posicionamiento terapéutico (IPTs) de sofosbuvir y simeprevir. Durante la misma, se emitirá un comunicado de posicionamiento sobre estos documentos, que han sido recibidos con numerosas críticas.

De entrada, la asociación ha denunciado la modificación posterior del texto del informe de sofosbuvir, en la que aseguran que no han intervenido los expertos clínicos miembros de la la AEEH que figuran en el informe, ni la propia asociación, por lo que como sociedad científica, no pueden apoyar las conclusiones del documento “al considerarlas extraordinariamente restrictivas y superadas por la evidencia científica en el momento actual”.

La AEEH critica que el importante retraso acumulado desde la redacción inicial de estos documentos, en particular de sofosbuvir, limita el valor de las recomendaciones realizadas, ya que se basan en la evidencia que reflejan las fichas técnicas de ambos productos, con una antigüedad de entre 6 y 12 meses y muy superadas por estudios clínicos posteriores que, tal y como destaca la asociación, convierten en obsoletas buena parte de las recomendaciones realizadas, en particular en relación a la combinación de antivirales.

Interpretaciones restrictivas

Para Esteban Mur, jefe del Servicio de Medicina Interna-Hepatología del Hospital Universitario Valld’Hebron, el problema no es tanto el IPT de este fármaco como las restricciones que se están aplicando en las comunidades y que se articulan desde el propio ministerio. En su opinión, se trata de un informe abierto, que deja muy claro que es el mejor tratamiento para pacientes con hepatitis crónica severa y permite el tratamiento en pacientes con F3, F4 y en pretrasplante, incluso en F2 con contraindicaciones a interferón. Sin embargo, cuestiona que las autoridades estén limitando este fármaco a pacientes con F4 graves, lo que constituye, en su opinión, “un contrasentido absoluto con el informe de posicionamiento. Es claramente una interpretación restrictiva y fuera de lugar”, admite.

Las quejas sobre estos documentos expresadas el pasado miércoles en el seno de la Comisión de Sanidad del Congreso no carecen de sentido. Con los votos en contra del Partido Popular, se logró el bloqueo de una enmienda transaccional del Grupo Mixto, Izquierda Plural y Grupo Socialista a una proposición no de ley del primero sobre el acceso a estos fármacos innovadores, que planteaba también la creación de un plan nacional frente a esta enfermedad.

Fases iniciales

Rosana Pérez, diputada del Bloque Nacionalista Galego, lamentó que el IPT de sofosbuvir no contemple el tratamiento de la enfermedad en fases tempranas. Una idea equivocada, en su opinión, que ahorraría costes a medio plazo y una crítica al informe en la que también coincide con Esteban: “Los pacientes vienen a la consulta y preguntan si tienen que estar muriéndose para que se les de la medicación”, lamenta. Para el especialista, estas recomendaciones suponen una interpretación “totalmente restrictiva” del informe de posicionamiento que va a producir graves trastornos en los pacientes y también en los médicos, que se enfrentan a una gran presión.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, lamentaba que el IPT de este medicamento plasmara poco más que las condiciones de empleo de este fármaco admitidas en la fase de uso compasivo anterior a su financiación en el sistema público.

Apoyo a la comunidad científica

Frente a estas críticas, las dieciocho asociaciones que componen la Federación Nacional de Enfermos Trasplantados y Hepáticos (Fneth), han manifestado públicamente su apoyo a la postura de la comunidad científica, a través de sus distintas organizaciones, en relación a la publicación de los esperados informes.

El retraso en su publicación, denuncian, ha supuesto una vez más graves problemas de inequidad entre distintas comunidades. Se trata de un problema de difícil solución administrativa que puede quedar subsanado, permitiendo que sean las comunidades científicas quienes marquen y definan los criterios de aplicación, según la propuesta de la federación.

La visión del presidente de la federación, Antonio Bernal, es clara: “Nuestra postura ha sido, es y será siempre, la de tener confianza en el especialista que nos trata y, por ello, exigimos, como pacientes en riesgo grave de su salud, que la administración pública facilite la labor de los especialistas, permitiéndoles manejar los fármacos disponibles, con sus distintas combinaciones, según el criterio clínico que deba aplicarse a cada paciente”.