Premios BiC
E.M.C. Madrid | viernes, 24 de octubre de 2014 h |

Los retrasos en la publicación de los informes de posicionamiento terapéutico (IPTs) de algunos fármacos como simeprevir, cuyo precio fue fijado meses antes de su envío a la Dirección General de Farmacia, y de otros como boceprevir, que también fue remitido tras la reunión de septiembre del Grupo de Posicionamiento Terapéutico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha reabierto un debate que nunca estuvo zanjado: las dudas sobre la utilidad y las debilidades de estos informes que, por ahora, son el único ejemplo de evaluación unificada. Más de un año después de la publicación de los procedimientos para su elaboración, los médicos admiten el valor que aportan, mientras la industria farmacéutica pone el acento en una larga lista de debilidades.

En opinión de Antonio Blázquez, jefe de Servicio del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Aemps, los IPTs cumplen su principal misión: “realizar un único informe para toda España que de manera objetiva indique al sistema cuál es el lugar en la terapéutica de un nuevo medicamento”. Blázquez asegura que también tiene constancia de que se están teniendo “en cuenta en la compleja toma de decisiones posterior hasta que un fármaco accede al mercado, o no, y de qué modo”.

Así lo explicó durante su intervención en la segunda sesión de las Jornadas de Farmaeconomía de Medicamentos Innovadores en Oncología organizadas por Novartis en colaboración con la Fundación para la Excelencia y la Calidad en la Oncología, Weber Economía y Salud, el Instituto Max Weber, el Seminario de Investigación en Economía y Salud (SIES) de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Salud Carlos III y la Escuela Nacional de Sanidad, en la que se habló de la importancia de esta fórmula de evaluación con el acento en los medicamentos oncológicos.

Blázquez explicó que en la actualidad se están realizando IPTs de todos los medicamentos autorizados por procedimiento centralizado, que es el procedimiento regulatorio donde se da entrada a las novedades terapéuticas relevantes. “Esto nos lleva a más de 60 medicamentos con IPT realizado o en elaboración desde la puesta en marcha del proyecto a mediados del año pasado. La herramienta es compleja por tratarse de una toma de decisión conjunta, pero creemos que los tiempos en los que se dispone de un IPT son razonables”, aseguró.

El portavoz de la Aemps hizo hincapié en la impresión positiva de la opinión de las comunidades autónomas sobre este mecanismo y remarcó que el funcionamiento del Grupo de Coordinación es “francamente bueno” y “un ejemplo de trabajo en colaboración entre diferentes administraciones”.

De este modo, Blázquez obviaba la polémica despertada el pasado mes de junio cuando la Comunidad Valenciana anunció su intención de reevaluar el informe de pertuzumab, a pesar de la participación de la dirección general de Farmacia de esta comunidad en la elaboración de este documento de consenso.

Blázquez asegura que los agentes que participan en esta labor “están fijados por el documento propuesta de colaboración para la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos”. En un primer nivel, son la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, los responsables designados por las consejerías de salud de las comunidades autónomas, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, los encargados de la toma de decisiones, aclara.

Designados por la administración

En esta línea, subraya que la elaboración de los informes la llevan a cabo “técnicos y profesionales sanitarios designados por este primer nivel”, aunque también tienen su papel en la revisión del documento las compañías farmacéuticas, las asociaciones de pacientes y los profesionales sanitarios, a través de las sociedades científicas.

Para Carlos Camps, jefe de Servicio de Oncología del Hospital de Valencia, los IPTs han supuesto un avance en la incorporación de la innovación en nuestro país. El especialista reclama que “deben ser vinculantes”, y admite áreas de mejora como el análisis de aspectos farmacoeconómicos o la comparativa con otras opciones terapéuticas”.

En su opinión, por ahora se trata de la única “acción sólida” que existe en España para manejar de una forma adecuada la incorporación de la innovación a la sanidad, por lo que insiste en que es preciso apoyarlos.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Pilar Garrido, muestra su satisfacción por el peso que han ganado los oncólogos médicos en la realización de estos documentos. “Desde SEOM hemos trabajado mucho para que los profesionales formen parte de las evaluaciones de fármacos antineoplásicos en nuestro país”, puntualiza. Al mismo tiempo que explica la elaboración habitual de informes propios por parte de los miembros de la SEOM que pueden consultarse libremente a través de la web de esta sociedad científica.

No obstante, la presidenta admite que “queda mucho camino por recorrer” y recalca que la sociedad científica seguirá trabajando para que estos informes sean vinculantes en todas las comunidades autónomas y para que su decisión se aplique en todos los hospitales”. La situación actual de coexistencia de informes de evaluación a distintos niveles sigue generando desigualdades entre comunidades autónomas, apunta, de ahí su apoyo a un documento único y consensuado con la opinión de los clínicos que se aplique al mismo tiempo en el SNS.

Compartir recursos

En las últimas semanas la petición de que sean vinculantes ha vuelto a escucharse con fuerza. El director general de Cartera Básica y Farmacia, Agustín Rivero, recordó que lo son “por ley” en el último Congreso Nacional de Derecho Sanitario, donde precisó que cada vez más comunidades renuncian a sus evaluaciones y comparten recursos con la administración central. La última de ellas, según avanzó, Andalucía.

En este mismo foro, el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, destacaba que las reevaluaciones autonómicas lastran su efectividad. La falta de consenso, la inclusión de aspectos económicos y la demora de sus publicaciones son defectos claros desde la perspectiva de los laboratorios. En opinión de Arnés, el precio de los medicamentos debe estar marcado siempre por un marco externo y estable, como el Real Decreto de Precios.