Asamblea de compromisarios/ El Colegio de Médicos obtiene beneficios

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J.P.R. Madrid | miércoles, 27 de marzo de 2013 h |

El Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) aprobó las cuentas de 2012 en una asamblea de compromisarios en la que se puso de manifiesto la soledad de la presidenta, Sonia López Arribas, tras poco más de medio año al frente de la organización. El apoyo de Guillermo Sierra permitió desatascar la situación para que los resultados del ejercicio pasado salieran adelante. De hecho, la junta directiva se encontró con la fuerte oposición del entorno de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que no perdona a la presidenta su distanciamiento en relación a las manifestaciones por las últimas decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid.

Durante el pasado año, la corporación consiguió incrementar sus ingresos un 10%. Este crecimiento posibilitó por un lado compensar el avance del nueve por ciento que sufrieron los gastos a pesar del plan de ajustes; y, por otro, cerrar el ejercicio con un superávit de 84.165 euros. “Los ingresos eran superiores a los gastos, por lo que pensamos que los resultados podrían ser aceptados”, explicó Guillermo Sierra.

A pesar del beneficio, las cuentas del año pasado recibieron el rechazo de 35 votos y tres abstenciones, alrededor del 40 por ciento de la asamblea de compromisarios. “Terminar 2012 con superávit habiendo llegado al Colegio a mitad de año con exceso de gasto no es casual, sino el mérito de un modelo de gestión”, insistió Sonia López Arribas durante su intervención.

Dudas sobre los asesores

La soledad de la presidenta al frente de Icomem quedó patente también durante su intervención. Comenzó su discurso con agradecimientos a tres personas ajenas a la junta directiva: Carlos Amaya, Ramón Hermosilla y Antonio Mora. López Arribas insistió en que sin la ayuda de estos tres colaboradores jamás podría haber llevado a cabo sus compromisos al tiempo que denunció falta de libertad para liderar el proyecto.

Tanto los nombres de Antonio Mora como de Carlos Amaya han estado rodeados de polémica durante los últimos meses. El primero ha pasado de ejercer fugazmente las funciones de director gerente a actuar como asesor de la presidenta. Las preguntas sobre sus nuevas prerrogativas dentro no recibieron respuesta.

Pero las cuestiones sobre la labor de Mora no fueron las únicas que evitó la presidenta. Guillermo Sierra quiso conocer el sueldo y los costes de la asesoría jurídica. López Arribas alegó que no podía revelar esas cantidades amparándose en la ley de protección de datos, una respuesta que dejó insatisfecha a la mayoría de la asamblea. “Con nuestra cuota pagamos el sueldo de los asesores. Nos parece absurdo que no podamos conocer las cifras”, señaló Guillermo Sierra, a este periódico.

La salida de Carlos Amaya como asesor jurídico de Icomem también suscitó controversias. El propio Amaya defendió que su marcha se produjo de forma voluntaria y por motivos personales. La respuesta fue contundente. La vicepresidenta insistió en que había perdido la confianza de la mayoría de la junta directiva tras recomendar que se evitara el apoyo a los sindicatos y grupos médicos que habían iniciado movilizaciones contra la Comunidad de Madrid.

Los compromisarios reclamaron una vez más que todos los contratos con empresas externas se aprueben por asamblea. Esta cuestión continúa pendiente. La junta sí ha quedado obligada a someter a votación aquellos gastos que superen los 60.000 euros y que se encuentren fuera del presupuesto.