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El cambio que requiere el actual sistema sanitario público pasa por dejar su gestión en manos de un tercero o por transformarlo según los principios de un modelo empresarial. Así lo asumieron los responsables de la sanidad valenciana cuando se dieron cuenta de que era necesario caminar en “otra dirección” y salir de la “inercia”, algo que les ha permitido prestar la misma atención gastando 1.000 millones menos este año pues sólo con las medidas de funcionamiento interno implantadas en los centros han conseguido rebajar la factura en 450 millones.
Tal y como explicó el titular del ramo, Luis Rosado, durante la jornada organizada por Contenidos de Salud y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana para analizar el nuevo modelo de gestión hacia el que camina esta región —aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado septiembre y actualmente en fase de tramitación—, el ciudadano no ha perdido nada con este proceso y, aunque los profesionales han sufrido rebajas salariales, todos mantienen su estatus laboral y las plantillas no han sufrido recortes.
En su opinión, el sector público mantiene en la actualidad unas relaciones laborales “ineficientes” y la reforma valenciana apuesta por una diferenciación retributiva entre los mandos y los profesionales que toman decisiones —médicos y enfermeros— y el resto de trabajadores basada en la productividad, es decir, “en lo que son, lo que hacen y cómo lo hacen”. Además, considera necesario reducir la variabilidad en la gestión profesionalizando ésta e implicando al paciente en el uso eficiente de los recursos.
El éxito de la puesta en marcha del sistema de compras agregadas en esta comunidad es un ejemplo de la necesidad de este “cambio estructural y coyuntural” ante un modelo tradicional de relación entre proveedores y Administración que ha conducido al sistema público al “endeudamiento” y la “morosidad”, según Francisco Soriano, director general de Régimen Económico de la consejería, que quiere mantener la eficiencia en 2013 pese al recorte presupuestario del 28,8 por ciento (4.946 millones de euros) que sufrirá este departamento.
Soriano reiteró la apuesta del Gobierno regional por los modelos basados en la integración asistencial sin que nadie dude ya, a su juicio, de la eficiencia de la colaboración público-privada, como demuestran las experiencias de los hospitales de Manises, Alcira, Denia, Elche-Crevillente y Torrevieja. “El nuevo modelo consiste en seguir haciendo lo mismo pero con mejores resultados, introduciendo elementos de gestión más ágiles y cumpliendo objetivos basados en la incentivación y la evaluación del desempeño”, afirmó, aclarando que la planificación y la dependencia orgánica y funcional de los centros seguirá en manos de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) y el control en las de la consejería, a la vez que se mantendrán los acuerdos de gestión y la categoría de estatutarios de los trabajadores, introduciendo elementos de gestión empresarial, como la competitividad laboral.
Los cinco bloques o contratos en los que se basará esta reforma progresiva pasan por una primera fase, ya aprobada, que agrupará los servicios generales, tanto sanitarios como no sanitarios y pondrá en marcha un sistema logístico integral para aumentar el volumen de compras de la unidad central, homologando los productos para conseguir precios de compra más bajos. Posteriormente implantarán un contrato de servicios de apoyo con empresas que cobrarán “a éxito” y la gestión compartida de servicios complementarios como transporte o hemodiálisis, junto con una comisión mixta de coordinación que tendrá funciones consultivas y generará 178 millones de ahorro el próximo año. En cuanto a los profesionales, también continuarán perteneciendo a la AVS manteniendo su estatus laboral —como estatutarios o funcionarios— pero con la capacidad de aumentar su salario, más allá de la rigidez del modelo retributivo actual. En este sentido, Javier Lázaro, director general de Recursos Humanos de Sanidad, expuso su propuesta de que un 30 por ciento del componente salarial sea variable, algo que todavía presenta complicaciones por la actual normativa estatal —aunque hay un grupo de trabajo del ministerio trabajando en ello—, que liga la incentivación a los acuerdos de gestión —según una cantidad previamente presupuestada— en una cultura de cumplimiento de objetivos que impregna toda la organización.
Según Lázaro, no existe una conciencia clara entre los trabajadores de por qué reciben esta cantidad —que además es muy baja y no diferencia entre colectivos, por lo que “no es incentivadora”— mientras que la reforma persigue que se vea como un “esfuerzo adicional” rebajando el número de profesionales que acceden a ella, es decir, que no sea sólo economicista sino también conceptual. Con tres partidas presupuestarias independientes y estancas, su planteamiento es que haya cuatro modelos o subsistemas de incentivación: por cumplimiento de objetivos, por actividad fuera de la jornada, por logro de resultados con un impacto económico objetivo y por productividad específica en departamentos en régimen de gestión indirecta o compartida, incluyendo en este caso también a los estatutarios, que podrán ser incentivados por la empresa concesionaria
También Elisa Tarazona, directora de Organización y Gestión Asistencial de Ribera Salud, se mostró de acuerdo con esta “reinvención” de las relaciones con el sector privado según modelos de servicios compartidos y financiación capitativa y con una política diferente de los recursos humanos que se extiende desde la selección hasta la formación, fomentando nuevos roles profesionales que participen en la mejora de la eficiencia. “Se trata de responder a los retos de este siglo con herramientas de este siglo, definiendo el mejor lugar diagnóstico, terapéutico y de seguimiento de cada paciente”, aseguró, mientras que Rafael Giménez, director territorial de la zona de Levante del Grupo Quirón, abogó por acuerdos a largo plazo y con autonomía de gestión que no dependan de los vaivenes políticos.
Por su parte, Carlos González Bosch, presidente de Cofares, destacó la externalización de la prestación farmacéutica hospitalaria —contemplada también en el nuevo modelo— como una “gran oportunidad” que permitirá acometer objetivos con un ahorro de costes muy importante y una eficiencia que las empresas han demostrado en la oficina de farmacia. A la espera de criterios básicos que definan cómo se llevará a cabo, González Bosch aportó como idea básica que exista una gestión integral de toda la cadena —compras, almacenamiento y logística inversa (devoluciones)— en una implantación por fases definiendo primero los objetivos, contando con planes de contingencia y memorias económicas y simplificando los procesos administrativos. “Ahora sólo falta el coraje político”, añadió.
“El ciudadano no ha perdido nada en el proceso y no ha habido recortes de plantillas”
“Los estatutarios que trabajen en empresas concesionarias también podrán ser incentivados”