l Los médicos apoyan medidas de contención del gasto que no sean coercitivas
l La promoción profesional objetiva sería otro mecanismo de corresponsabilización
M.R.
Madrid
Mantener la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario pasa por buscar y encontrar puntos de vista comunes que puedan ser traducidos en medidas que no socaven la autonomía del médico a la hora de prescribir y redunden siempre en beneficio del paciente.
Esta posición fue compartida por los representantes políticos, de los profesionales y de la industria en una jornada de reflexión celebrada en el Colegio de Médicos de Lugo, ante la creciente “inquietud” que han despertado en el sector las nuevas medidas de ahorro propuestas por el Servicio Gallego de Salud (Sergas).
Como ha destacado en varias ocasiones el presidente de esta entidad y del Consejo Gallego de Médicos, Ignacio Vidal Pardo, existe un amplio acuerdo entre los médicos sobre su obligación de velar por la sostenibilidad del sistema público, por colaborar y corresponsabilizarse en la contención del gasto sanitario con medidas que pasan por la disminición del gasto farmacéutico —a través del establecimiento de precios de referencia y de la prescripción por principio activo o de genéricos— pero también con otros mecanismos como la generalización de modelos de gestión clínica, la promoción profesional objetiva, la incentivación y la carrera profesional.
Así, los médicos creen que los precios de referencia ya han proporcionado un importante ahorro en la factura farmacéutica por lo que debería incidirse en ellos con la posibilidad de implantar un copago de la diferencia por otra marca y, en cuanto a la prescripción por principio activo, defienden que sea la Administración la que elija los fármacos más adecuados por su calidad y eficacia y no la oficina de farmacia que se guiaría por leyes de mercado y conllevaría continuos cambios para el paciente crónico.
Sin embargo, tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del catálogo priorizado de medicamentos impulsado por el Sergas, Vidal Pardo considera adecuado que la consejería inste a la prescripción de genéricos —según los contratos de gestión de la Dirección General de Asistencia Sanitaria publicados en El Faro de Vigo— siempre y cuando se haga de forma libre, no condicionada por objetivos u otras medidas coercitivas y sin sustituir la marca concreta recetada por el profesional pues los genéricos también son comercializados por empresas privadas, con sus propios intereses. Además, destaca que la variación del tanto por ciento del principio activo permitido por la ley deriva en que el efecto terapéutico pueda diferir entre ellos, además de otras consideraciones sobre su farmacocinética y su farmacodinámica.
En la misma línea se ha pronunciado el Colegio de Médicos de Pontevedra que tampoco entiende el “desmedido empeño” de la Administración sanitaria en vincular objetivos de prescripción médica a un complemento económico —con repercusiones en la productividad variable— imponiendo limitaciones a esta potestad profesional, vulnerando su código deontológico y sus estatutos y atacando su independencia y criterio científico.
Por ello, ha pedido apoyo a los poderes políticos y una rectificación de esta instrucción a la consejería, recordando que el verdadero protagonista del acto médico y el destinatario de la actividad sanitaria es el paciente y con él se debe consensuar en cada caso el tratamiento, sus pros y sus contras e incluso los aspectos económicos.
