C.R. Madrid | viernes, 18 de julio de 2014 h |

Pese a todos los esfuerzos, sigue sin encontrarse el mecanismo para introducir la innovación farmacológica de manera efectiva en los sistemas de salud. El caso de Sovaldi (sofosbuvir DCI), el fármaco contra la hepatitis C desarrollado por Gilead, es un buen ejemplo de estas dificultades.

El fármaco fue autorizado por la Comisión Europea hace seis meses y, pese a sus óptimos resultados y los beneficios que lo avalan, solo está financiado y comercializado en Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Suecia y Finlandia. En España, las voces que exigen al Ministerio la financiación del medicamento han ido cobrando fuerza semana a semana, y el Congreso está a la espera del debate de dos PNL que inciden, directamente, sobre el fármaco.

Lo irónico del caso es que Sovaldi parece responder al concepto de innovación radical que piden los decisores desde la antesala de la financiación pública. El fármaco cura el 90 por ciento de los casos de hepatitis C en su forma más común y la compañía reclama un beneficio en relación al valor que ofrece, un coste que las administraciones aseguran no poder pagar.

La situación ha llevado a que, por primera vez en la historia de la Unión Europea, 14 estados miembro hayan formado una coalición para forzar la bajada del precio de un fármaco. El Gobierno francés, promotor de la iniciativa, airea para ello que los 50.000 euros que le cuesta el tratamiento estándar (12 semanas) suponen un riesgo para el sistema de seguridad social.

El principio de subsidiariedad sigue siendo prioritario para los socios comunitarios, cuyo objetivo es seguir manteniendo la potestad de negociar los precios con la compañía a título individual para después compartir la información con el resto. Pero la intención de este grupo de países de remitir un manifiesto a la compañía fabricante del medicamento se quedó en Bruselas.

La Comisión Europea comparte el fondo de la cuestión, pero no las formas, y ha relegado el asunto a una reunión del grupo de precios y reembolso de medicamentos que, según El País, tendrá lugar en octubre. Para la cita, los estados tienen sobre la mesa la posibilidad de presentar su demanda a través de la central de compras europea, creada para la compra de vacunas pero abierta también a medicamentos que se puedan considerar prioritarios desde la perspectiva de la salud pública.

Casi de forma paralela, un grupo de 26 senadores norteamericanos enviaron a la compañía una carta en la que critican que el tratamiento estándar cueste 84.000 dólares en Estados Unidos, mientras que en Egipto, por ejemplo, el precio que se ha negociado es un 99 por ciento más barato. El coste podría ser de hasta el doble para pacientes norteamericanos que se salgan del estándar.

Según sus estimaciones, Sovaldi podría incrementar el gasto del programa Medicare en fármacos de prescripción en 2.000 millones de dólares entre 2014 y 2015. La carta señala que no está clara la forma en que la compañía estableció el precio para el fármaco, dados los costes de desarrollo y producción y los descuentos ofrecidos en otros países.

A falta de una respuesta pública, Gilead tiene colgados en su página web diversos documentos que reflejan su política para asegurar “el acceso a nivel mundial” de su tratamiento contra la hepatitis C. La compañía asegura que sus esfuerzos para garantizar el acceso tienen en cuenta “la capacidad de pago de cada país” y la carga que supone la enfermedad.