C.M.LÓPEZ Madrid | viernes, 15 de enero de 2016 h |

Después de la tormenta, en este caso, no ha llegado la calma. El decreto de prescripción enfermera entra en su fase de judicialización, tal y como se preveía. Al igual que pasó con otros decretos como la troncalidad la normativa que actualmente regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros ya está sobre la mesa del Tribunal Supremo.

Satse fue la primera organización en llevarlo a los tribunales y el recurso ha sido aceptado a trámite. Ahora la pelota está en el tejado del ministerio de Sanidad que tiene que remitir el expediente administrativo de la norma.

Además, el tribunal también ha dado un plazo de cinco días a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre el recurso presentado por la organización sindical, de cara a decidir si suspende de manera cautelar el artículo 3.2 del citado Real Decreto como reclama el sindicato.

Este recurso fue acordado en el seno de la Mesa de la Profesión Enfermera con el Consejo General de Enfermería, que también ha presentado otra demanda. Fuentes del consejo aseguran que la resolución judicial enumera perjuicios irreparables que se producirán si no se accede a la suspensión cautelar mientras que, en caso de concederse, el interés general no se vería negativamente afectado.

No descartan desde el CGE que algunas comunidades autónomas se animen también a recurrir el decreto.

Los sindicatos al unísono

Otro frente abierto es el del Ámbito de Negociación. Tres de los sindicatos que lo componen, CC.OO., UGT y CSI-F presentaron la semana pasada otro recurso pidiendo la suspensión cautelar de la normativa, a pesar de que la idea inicial de estas organizaciones era hacerlo conjuntamente desde el Ámbito. Como explican Pilar Navarro, responsable federal de Sanidad de UGT, y Fernando Molina, presidente de Sanidad de CSI-F, Satse ha declinado participar, impidiendo así un acuerdo unánime de las organizaciones sindicales presentes en el ámbito. “Algo que habría sido beneficioso para conseguir el fin de la paralización del Decreto”, indica Navarro.

Asimismo, los sindicatos han solicitado a Sanidad una reunión urgente para abordar este asunto. Queda por ver cuál es la respuesta aunque no son optimistas, ya que la semana pasada el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, advirtió de que no temía las movilizaciones que puedan producirse a causa de la prescripción enfermera. “He evitado meterme en otro tipo de polémicas que creo que son estériles, que seguramente obedecen a otras cuestiones, y que, sinceramente, no creo que formen parte de mi deber como ministro”, explicó.

De este modo, declinó la propuesta de varias comunidades autónomas como Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Baleares, que solicitaron la convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para abordar este tema.

Por otra parte, las voces defensoras de este decreto también se han hecho oír. Es el caso del Colegio de Médicos de Las Palmas que, por medio de un comunicado, ha valorado la “huelga competencial” de enfermería. De este modo, advierten de que si a diario los enfermeros administran medicamentos sujetos a receta médica, sin que ningún médico los haya prescrito, como han asegurado en ocasiones, están cometiendo ilegalidades, y por tanto, hay que denunciarlo. Asimismo, considera que si los profesionales amenazan y cumplen con no llevar a cabo la vacunación “los responsables deberían comunicarlo a la administración sanitaria para que valore si procede un expediente disciplinario”.