ESTUDIO/ Gran parte de los efectos adversos son evitables implantando estrategias en todos los niveles, tanto en la sanidad pública como la privada
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Carmen Audera-López, técnica de la OMS, aboga por incluir la seguridad en las facultades y el posgrado para concienciar a los profesionales
El proyecto Bacteremia Zero de Sanidad ha reducido más de la mitad las tasas de infección por catéter en las UCI y un 89% la mortalidad
MÓNICA RASPAL
Madrid
Las épocas de crisis son una oportunidad para desarrollar una gestión sanitaria más imaginativa y eficiente donde las políticas seguridad del paciente deben ser una prioridad. Así lo cree Jesús Casal, jefe del Área de Seguridad del Paciente de la Oficina de Planificación y Calidad del Ministerio de Sanidad, quien explicó durante la I Jornada sobre Seguridad del Paciente en la Sanidad Privada que los objetivos de su departamento pasan por fomentar los ámbitos colaborativos y la implicación de las comunidades autónomas para implantar una cultura de la calidad, aunque apuntó al aspecto legislativo como el gran tema “pendiente”. En este sentido, Carmen Audera-López, técnica del Programa de Seguridad del Paciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), rechazó las estrategias que castigan a los profesionales por no ser efectivas ya que los fallos, en su opinión, se producen porque los sistemas están mal diseñados.
“Hay que buscar soluciones dirigidas a los principales riesgos, incluyendo la seguridad en la guía curricular de las facultades y en el posgrado, pues lo más difícil es concienciar a los profesionales, cambiar la cultura para integrar la prevención en todas las intervenciones y aspectos del cuidado”, afirmó. Así se deduce también del primer Estudio de Efectos Adversos en la Sanidad Privada realizado en España —y pionero a nivel europeo— por la empresa Áliad dentro de su proyecto Confianza, según el cual un 2, 1 por ciento de los 1.097 pacientes incluidos en la muestra —de nueve centros sanitarios privados de cuatro comunidades autónomas— presentó algún tipo de efecto adverso (EA) relacionado con la asistencia frente al 9,3 del Estudio Nacional de Efectos Adversos en la Asistencia Sanitaria (Eneas) realizado en el ámbito público por el mismo equipo y con la misma metodología.
Este “contraste” de datos se explica, como matizó Ramón Limón, investigador del informe y miembro del servicio de Medicina Preventiva del Hospital San Juan de Alicante, por el “escaso” tamaño muestral, las estancias medias más breves, los pacientes más jóvenes y las técnicas menos invasivas que se registran en la privada.
Sin embargo, la variabilidad y el resto de porcentajes se asemejan al estudio nacional. Así, un 33,3 por ciento de los EA tuvieron que ver con un fallo de procedimiento, el 20,8 con la medicación y otro 20,8 con las infecciones nosocomiales, errores que habría sido “evitables” en un 50 por ciento si se hubieran seguido recomendaciones orientadas hacia la seguridad del paciente, según el coordinador del estudio y jefe del servicio de Medicina Preventiva y Calidad Asisencial del Hospital San Juan de Alicante, Jesús Aranaz. A su juicio, estas pautas pasan por la puesta en marcha de estrategias preventivas, la estandarización en el cuidado de los catéteres —todas las flebitis recogidas en el informe se consideran evitables— o el desarrollo de mecanismos para mitigar el impacto de determinados efectos adversos, como realizar una vigilancia activa frente a las complicaciones más frecuentes ante un acto quirúrgico.
Junto a estas prácticas, el benchmarking se perfila como otra herramienta útil no sólo para medir la calidad de la atención, sino también para fomentar la seguridad del paciente, tal y como señaló Ángel Gil de Miguel, catedrático de Salud Pública y decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid quien puso como ejemplo los Premios Best In Class —que concede su cátedra junto con GACETA MÉDICA— que reconocen a los mejores centros, servicios y unidades del territorio nacional y requieren de la implicación de todo el personal. “No es un ranking sino una motivación”, precisó.
Como apunta el estudio, a todo ello ha de contribuir tanto la mesogestión de los equipos de dirección de los centros como la macrogestión de las políticas sanitarias. Por ello, desde la Agencia de Calidad ministerial, Jesús Casal destacó iniciativas como la Estrategia 8, incluida en el Plan Nacional de Calidad para promover prácticas seguras entre los profesionales tras conocer los resultados del estudio Eneas que les hizo ver que había un “problema”.
También aludió a la Red Ciudadana de Formadores en Seguridad del Paciente y al proyecto Bacteremia Zero para la prevención de las infecciones relacionadas con los catéteres centrales en 151 unidades de cuidados intensivos (UCI) de las 200 que existen en España, cuyos primeros resultados reflejan una disminución “más que notable” de las tasas de infección —un 18 por ciento— , un descenso de la mortalidad —del 11,3 por ciento en 2009 al 10,61 en 2010— y una reducción de 11.000 estancias, lo que ha supuesto un ahorro de unos 21 millones de euros.
