iDIS/ Proponen la desgravación fiscal del 15% para las rentas inferiores a 30.000 euros

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M. R. Madrid | viernes, 16 de diciembre de 2011 h |

Que la suscripción voluntaria de seguros privados de salud tenga impacto en la deducción fiscal es una de las principales propuestas planteadas por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) para mejorar el actual modelo sanitario.

Según sus cálculos, una desgravación del 15 por ciento para las rentas inferiores a 30.000 euros aumentaría el crecimiento de entre un 5 y un 15 por ciento de los asegurados, lo que supondría que un millón de personas saldrían de forma voluntaria, parcial o totalmente, del sistema público, generando un ahorro de hasta 1.500 millones de euros y una importante liberación de recursos para el sector público que mejoraría la accesibilidad del resto de la población. Además, la puesta en marcha de esta medida, supondría un ahorro medio de entre 107 y 365 euros anuales en las familias de cuatro miembros que contraten un seguro privado y, como consecuencia del aumento de asegurados, se crearían 17.000 puestos de trabajo en el sector, tal y como ha explicado Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo del IDIS, durante la presentación de una campaña de recogida de firmas para conseguir reinstaurar de nuevo la deducción fiscal universal por estos gastos eliminada en 1998 —solo se mantuvo para empresas hasta los 500 euros por persona al año.

Ante las medidas de austeridad que están presentando las administraciones el secretario general del IDIS, Juan Abarca, cree que ni los recortes, por sí mismos, ni los conciertos con la privada “a matacaballo” son la solución sino reformas estructurales a medio y largo plazo. Además, considera que ante un Estado sin recursos, el aumento de la financiación sanitaria tiene que llegar de la parte privada, que sigue siendo competitiva y teniendo capacidad de crecimiento y ahorro pese a la crisis.

Por ello, en base a los principios planteados en su primer informe (ver GM, nº 384), proponen medidas que pasarían por el establecimiento de un nuevo marco normativo que defina su papel y suponga la “integración” total de la sanidad privada en el funcionamiento de la pública hasta alcanzar una “normalización”.

Además de la elaboración de un barómetro anual de resultados de la sanidad privada y de su implicación con la formación, el desarrollo profesional, la investigación y la transformación tecnológica, plantean un impulso a las fórmulas tradicionales de colaboración público-privada —como el mutualismo administrativo o los conciertos y concesiones ya utilizados en algunas regiones— y una apuesta por otras nuevas como establecer acuerdos entre las CC.AA. y las empresas para que contraten un seguro privado de cobertura completa para todos sus trabajadores y familiares directos, teniendo en cuenta que siempre podrán usar el cuadro médico de su correspondiente compañía o los servicios públicos, siendo en este caso los costes asumidos por el asegurador.

Según la simulación elaborada por esta entidad, las comunidades reducirían así sus costes ya que en lugar de los más de 1.000 euros que invierten en servicios directos por persona al año, ésta cantidad se reduciría a 300 euros que, sumados a los 500 euros que se desgrava la empresa, permitirían pagar una póliza de unos 700-8.000 euros por persona al año. Desde el IDIS también ven necesario delimitar el catálogo de prestaciones pues, según Abarca, no todas se están cubriendo en todas las regiones y en esos casos se podría establecer un aseguramiento como medida mucho más justa que el copago.