CONGRESO/ La secretaria general de Sanidad habla ahora de 20.000 millones de euros de deuda acumulada en el sector

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R.C./J.R.T/E.M.C. Madrid | viernes, 20 de abril de 2012 h |

“No es un capricho. Se trata de reconducir una desviación económica que hemos heredado de un gobierno que ha dejado una deuda que supera los 20.000 millones de euros en la sanidad pública española”. Estas son las palabras con las que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha justificado ante la Comisión de Sanidad la reducción en más de un 13 por ciento del presupuesto del ministerio para este año.

Una cifra nueva, ya que el dato manejado en otras ocasiones por los portavoces del Partido Popular sobre la deuda sanitaria ronda los 15.000 millones de euros, en el marco de un discurso que repite casi palabra por palabra el mismo esquema de la explicación ofrecida ante la prensa el mismo día en que el proyecto era presentado por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados (ver GM, nº 416).

Farjas ha vuelto a recalcar que los presupuestos blindan la equidad y la cohesión del SNS, con el punto fuerte en el aumento del Fondo de Cohesión de 87 a 93 millones de euros, que, como se adelantó semanas atrás, integrará un nuevo fondo de garantía asistencial para dar respuesta a los problemas de atención en zonas limítrofes.

Precisamente, las críticas del principal partido de la oposición van en esta dirección. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, remarcó durante el debate que el presupuesto insuficiente y los recortes adicionales “debilitan la cohesión y la calidad del sistema”.

Martínez Olmos criticó la falta de interés por las políticas de salud pública que recogen las cuentas para este año, con reducción de políticas de prevención de sida o drogodependencias, y en las que ha desaparecido prácticamente el Plan de Calidad del SNS, lo que borrará los programas de cohesión en cooperación con las comunidades autónomas. Iniciativas que, por otra parte, Farjas advirtió en su día que ya recibían financiación a partir del modelo autonómico.

Las cuentas de Ciencia

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, también compareció la semana pasada en el Congreso para explicar los presupuestos de su departamento, con la polémica de fondo suscitada por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la sesión de control del gobierno, que abogó por eliminar subvenciones públicas a las políticas de investigación y potenciar las privadas.

Según las cifras presentadas por Vela, los 1.392 millones de euros recortados con respecto al ejercicio de 2011, que suponen un ajuste del 26,1 por ciento, dejarán sin respiro a los Organismos Públicos de Investigación, aunque no ahogarán por completo sus proyectos.

Al menos por este año, el remanente de las entidades investigadoras permitirá, a duras penas, contrarrestar la partida de recortes anunciada por la secretaria general.

Los presupuestos desgranados por Vela dejan un reguero de números rojos que trató de justificar bajo el dogma de la “eficiencia de hacer más con menos”. Su objetivo, recalcó, es ejecutar los 3.943 millones de euros presupuestados. De conseguirlo, matizó, estaría por encima de la destinada en 2011. Aún así, Vela reconoció que no son los presupuestos que quisiera presentar, pero la crisis obliga a contener el gasto.

Para optimizar sus escasos recursos, la secretaria de Investigación quiere sostener sus políticas bajo cinco ejes prioritarios. En primer lugar, el desarrollo de la Ley de Ciencia, con la creación de dos nuevos consejos. También pone el acento en la priorización de la excelencia y el impacto de la investigación, con el propósito de adelantar posiciones desde el lugar número 18 de 27 en los índices globales de innovación de la Unión Europea.

Otro pilar fundamental es incentivar la participación de los científicos españoles en los proyectos europeos, aumentando los retornos en el séptimo Programa Marco, con 600 millones anuales, y en el Programa Horizonte 2020.

En materia de recursos humanos, la secretaria de investigación ha garantizado que se mantendrán las convocatorias de becas actuales, aunque no se convocarán más de las que puedan cubrirse efectivamente. Vela pretende modificar un real decreto para excluir a los investigadores de la restricción de contratación impuesta a los organismos públicos de investigación.

Por otra parte, para incentivar la inversión privada, la secretaría ha creado cuatro grupos de trabajo cuyas conclusiones estarán listas en dos meses. Además, ha anunciado su intención de reunirse en octubre con los grupos parlamentarios para debatir las posibles modificaciones sobre este tema.