Una vez convalidado el Real Decreto-ley 16/2012, la duda reside en cómo se llevarán a cabo sus reglamentos. Poco o nada se conoce sobre ello, y los grupos parlamentarios esperaban que la comparecencia de la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en la Comisión de Sanidad del Congreso arrojara algo de luz sobre este asunto. No lo hizo. A estas alturas, sigue sin saberse cuál es el proyecto, el plazo y la cuantía de exclusión de medicamentos de la cobertura del sistema sanitario público, más allá del inicio de los trabajos de revisión, que ya han comenzado en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial “con transparencia, y criterios de sistematización”.
Farjas insistió en que el RDL “no incluye ninguna reducción ni recorte en el vademécum de medicamentos”. Lo que hace, añadió, es incluir un nuevo sistema de actualización permanente del nomenclátor de medicamentos, “estable, transparente y con criterios que permitan retirar los medicamentos obsoletos, que no están financiados en el resto de países europeos, o medicamentos que tratan síntomas menores, de manera que nos permita garantizar la cobertura financiera de la prestación farmacéutica y, sobre todo, que permita seguir incorporando innovaciones terapéuticas”.
Según Farjas, es la primera vez que un Gobierno pone transparencia a este procedimiento de actualización, atendiendo a los mismos criterios que se utilizan en la UE. “Medicamentazos ya ha habido en la historia, también con gobiernos del PSOE, por tanto, conocen bien cuál es la mecánica del funcionamiento. Esta es una mecánica de funcionamiento para la actualización permanente”, concluyó.
Más allá, se limitó a repetir las intervenciones acumuladas por la ministra de Sanidad hasta la fecha aunque, consciente de que la mejor defensa es un buen ataque, tiró de nuevos argumentos para defender la reforma. En este sentido, acusó al Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero de haber “suavizado” el sistema de precios en beneficio de la industria. “No hay ninguna medida incorporada en el RDL que busque un beneficio particular”, aseguró Farjas momentos antes de añadir una página más a la historia de la ‘herencia socialista’.
Para ello echó mano de la memoria de Farmaindustria de 2006, que desgranaba el texto finalmente aprobado de la Ley de Garantías. Entre los cambios, la exclusión del sistema de precios, durante cinco años de las innovaciones galénicas de interés terapéutico o la posibilidad acogerse a rebajas escalonadas en caso de laboratorios titulares de presentaciones que hubieran visto afectado su precio en más de un 30 por ciento. “¿Saben a cuánto ascendió la suavización del impacto de la norma en esta materia? A 1.200 millones de euros anuales, ese es el impacto de las medidas adoptadas en el RDL 9/2011. En cinco años, 6.000 millones de euros”, denunció Farjas.
Igual de preparada estaba Farjas para defenderse de las críticas sobre el cambio de modelo atacando la “negligencia” del PSOE a la hora de transponer la directiva de Sanidad Transfronteriza. Los cambios del ministerio, sin embargo, siguen sin convencer: la semana pasada fue el turno de los rentistas (españoles que no trabajan y viven de ingresos propios), que podrán evitar el “componente peyorativo” de tener que declararse personas sin recursos para acceder a la sanidad pública. Para ellos, el Gobierno implementará unos convenios especiales que les permitirán ser titulares de una tarjeta sanitaria. Lo mismo sucederá en aquellos jóvenes de más de 26 años que aún no trabajen, para quienes se regulará un mecanismo con el que verificar sus ingresos.
Las posturas enquistadas en torno a la reforma sanitaria volvieron a ponerse de manifiesto en la votación de una moción de IU en el pleno, que evidenció de nuevo que el PP cuenta con la oposición de toda la Cámara Baja, salvo UPN y Foro Asturias.
La involución que el Real Decreto-ley 16/2012 produce en los títulos competenciales, según los grupos nacionalistas, se ha concretado por fin en el primer recurso oficial contra la reforma sanitaria. El Gobierno vasco ha dado luz verde al recurso de inconstitucionalidad de cuatro artículos: los relativos al reconocimiento y control de la condición de asegurado (artículo 1.2); a la elección de las prestaciones sanitarias públicas sujetas a aportación económica del usuario (2.3); a la regulación del procedimiento de gestión para articular los pagos del usuario (4, 4); y a la integración del personal funcionario en el régimen estatutario (artículo 10).
Hasta que no se resuelva el recurso, el Ejecutivo que preside Patxi López dejará “sin efecto” las medidas del decreto, lo que “no supone una insumisión”, según aclaró la portavoz del gobierno regional, Idoia Mendia. Mientras tanto, el País Vasco ha solicitado al Gobierno central la creación de una comisión bilateral para intentar alcanzar un acuerdo que evite los plazos tan dilatados que maneja el Tribunal Constitucional.
