COMUNICADO

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| lunes, 21 de enero de 2013 h |

Cualquier medida propuesta para adecuar la viabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) a la actual situación económica debe preservar los principios que conforman su esencia y sustentarse sobre estudios rigurosos que demuestren que dichas medidas garantizan o incrementan su eficiencia y calidad frente a la situación actual.

Sin embargo, según un comunicado emitido por la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME), en algunas comunidades autónomas la administración sanitaria parece dispuesta a “limitar” su responsabilidad directa de gestionar el sistema público, proponiendo la transferencia de una parte sustancial de esta gestión a empresas privadas, sin enfrentar decididamente medidas para preservar o introducir mejoras en su funcionamiento, una actitud debería ser “cuidadosamente revisada”, buscando responsables “capaces de afrontar verdaderamente “el conjunto de las reformas necesarias para el SNS.

Esta entidad señala que no existen precedentes, en las democracias avanzadas, de tomas de decisión de esta trascendencia que no que hayan sido sometidas a un debate público dando a conocer los estudios sobre los que basan sus propuestas y sometiéndolos al escrutinio de los agentes interesados.

Según estas sociedades “existen alternativas” que, teniendo como núcleo fundamental el desarrollo de la autonomía de gestión clínica, son “como mínimo” tan eficaces y eficientes, garantizan la calidad, preservan los principios generales que inspiran el SNS y son, sin duda, “menos traumáticas” de implantar. Como ejemplo citan las experiencias de gestión clínica en forma de áreas, institutos y unidades de gestión clínica y entidades de base asociativa que han supuesto “avances notables” en eficiencia, calidad y capacidad de organización pero no han alcanzado plenamente sus objetivos por estar “limitada” su autonomía de gestión.

Facme también apela al Ministerio de Sanidad al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como agentes que deben desarrollar política e impulsar sistemas de gestión que mantengan la cohesión por lo que reclaman un diálogo “tan riguroso como urgente” por parte de todas las administraciones públicas, que deben “suspender” cualquier iniciativa hasta que este trabajo conjunto con la profesión médica establezca los “caminos más apropiados” para mejorar la eficiencia del sistema.