La Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura está inmersa en la elaboración de un decreto que permita que las empresas den pasos adelante en responsabilidad social. Entre las medidas que incluirá esta normativa están ayudas económicas para sufragar parte de los costes de realizar auditorías.
Además, se está procediendo a la renovación del Consejo de Responsabilidad Social de Extremadura, a quien se le presentará una actualización de la Estrategia de RSE de la región con el objetivo de priorizar las líneas de actuación a poner en marcha.
La región también presentó la ‘Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental de Extremadura 2015’, un documento que contiene las medidas que la junta ha puesto en marcha durante ese periodo en materia de responsabilidad social y que vienen a desarrollar la Ley de Responsabilidad Social Empresarial en la región, que obliga a la Administración a informar de lo que se realiza en esta materia.
Entre las acciones que recoge esta memoria en responsabilidad social medioambiental relacionadas con el ámbito sanitario, en el Área de Salud de Mérida se produjo la reforma de la caldera para adaptarla a gas natural, la sustitución de lámparas incandescentes por LED, reduciendo en un 70 por ciento el consumo de estas lámparas. Al objeto de reducir la contaminación acústica también se ha llevado a cabo la insonorización de la torre de refrigeración.
En el Área de Salud de Plasencia se instalaron lámparas tipo town Light de muy bajo consumo, luminarias LED en los centros de salud, se instalaron baterías de condensadores para evitar el consumo de energía reactivan y variadores de frecuencia en climatizadores. También se colocó césped artificial con el consiguiente ahorro de agua y mantenimiento de jardines (cortacésped, podadora, etcétera).
En lo que respecta a la política social, se recoge en el documento el desarrollar una nueva Ley de Servicios Sociales que establezca una cartera de servicios y los recursos humanos y materiales para mejorar su calidad, un pacto por un modelo sostenible de atención a la discapacidad, el desarrollo de la llamada ley de la dependencia y una estrategia de protección social inclusiva para personas mayores, reformulando todas las políticas existentes para adaptarlas a las necesidades del colectivo, entre otras medidas.
