Pese a su repercusión mediática, las medidas sobre el copago no constituirían la solución a los problemas que padece el sistema sanitario y, en ningún caso, debería considerarse el eje de una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud. Así lo cree el informe “Sistema sanitario, salud y sostenibilidad”, firmado por la economista Rosa Urbanos y publicado por la Fundación Ideas, que añade que sí son decisivas y de gran impacto otras propuestas, como la creación de un NICE español, la reforma de los incentivos o las medidas de bueno gobierno.
Aunque la Fundación Ideas, laboratorio ideológico del PSOE, asegura que las opiniones del trabajo solo vinculan al autor, se da la circunstancia de comparten, al menos, la postura del partido sobre el copago. Y es que, esta semana el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, a través de su portavoz en Sanidad y Servicios Sociales, Roberto Lertxundi, defenderá en el pleno una moción en la que reclama al Gobierno que retire la medida que establece el copago farmacéutico, en especial a los pensionistas y jubilados, enfermos crónicos y a los que sufren tratamientos de larga duración.
A través de esta propuesta, los socialistas exigen además que se asegure a todos los españoles, residentes o no en el territorio nacional, una cobertura sanitaria universal, y reclaman al Gobierno que detenga la reducción de personal sanitario de los servicios nacionales de salud para garantizar la calidad del sistema sanitario.
No a los recortes lineales
Las críticas que están recibiendo los ajustes del Gobierno central y los autonómicos son el eje de las conclusiones del informe firmado por Urbanos. Consciente de que la coyuntura económica fuerza a reajustar el Estado de Bienestar, esta economista cree que los ajustes “necesarios” no deben materializarse en recortes lineales, “en línea con las actuaciones de algunas comunidades autónomas”, sino en reformas estructurales que aborden los problemas de eficiencia, calidad y equidad de dichos servicios.
Asimismo, comparte la necesidad de acabar con las deudas a los proveedores, pero señala que también es necesario evitar que nuevas deudas “vuelvan a aflorar en breve”. El debate de la financiación sanitaria tiene para ella una perspectiva clara: más gasto no siempre es mejor. Por ello, los cambios estructurales que reclama también deben alterar la senda de evolución del gasto sanitario público. “Continuar aumentando el volumen de recursos que destinamos a la sanidad, lejos de reducir la magnitud del problema, sólo contribuirá a intensificarlo”, dice.
En lugar de seguir usando como excusa para incrementar el gasto el hecho de que otros países del entorno español registren ratios de gasto sobre PIB más elevados, esta experta aboga por preguntarse si es posible obtener más retornos de los recursos que, a fecha de hoy, se destinan a Sanidad. Entre las medidas propuestas en su informe están, entre otras, un plan de desinversiones “en lo que no añade salud”; fomento de la salud pública; control de la corrupción y regulación estricta de los conflictos de intereses en el sector; reforma del Consejo Interterritorial; integración del sistema; un único sistema de información y el fomento de la cooperación.
