alegaciones/ La OMC considera que la capacidad de bloquear un medicamento contemplada en el decreto de receta excede sus atribuciones

br

El CGCOF pide que se contemplen las situaciones en las que el boticario podrá dispensar fármacos sin receta, aunque éstos la requieran

Para SEMG y Semfyc el borrador no aporta soluciones a la transición que van a vivir los profesionales de primaria durante mucho tiempo

| 2010-01-29T17:28:00+01:00 h |

MÓNICA RASPAL

Madrid

El último borrador de decreto de receta médica presentado por el Ministerio de Sanidad contempla unas atribuciones para el farmacéutico que “exceden” sus competencias en algunos aspectos, pues éste puede “bloquear cautelarmente” la de dispensación de un medicamento cuando aprecie un “error manifiesto” en la prescripción, una “inadecuación de ésta a la medicación concomitante”, o cualquier otro motivo que pueda suponer un “riesgo grave manifiesto y evidente” para el paciente.

Ésta es otra de las alegaciones presentadas por la Organización Médica Colegial (OMC) a la futura norma, que se suman a las ya conocidas de incluir la casilla de no sustitución o introducir un sistema de alarmas (ver GM, nº 318).

Así lo ha señalado el vicesecretario de esta organización, Jerónimo Fernández Torrente, insistiendo en que para poder realizar este bloqueo es necesario tener una capacidad y competencia de discriminación diagnóstica que, en su opinión, el farmacéutico, al igual que el enfermero, no tiene.

Según el texto, en caso de que no se produzca esta dispensación en la oficina de farmacia, “se comunicará de forma telemática al prescriptor mediante la cumplimentación del informe previsto para tal efecto en dicho sistema”, un hecho que, para Fernández Torrente, alarmará al paciente. “Lo idóneo sería que primero el farmacéutico se pusiera en contacto con el médico para ver qué problema existe y subsanarlo sin meterse en ámbitos competenciales. Y si lo hace tendrá que asumir su responsabilidad”, matiza.

Aunque para el vicesecretario de la OMC el borrador ha mejorado mucho respecto al que Sanidad presentó en 2007, otra de sus alegaciones se refiere a la impresión y custodia de las recetas, una atribución que, en el caso de los médicos y los odontólogos, se otorga a las “corporaciones profesionales”, término que proponen sustituir por “organizaciones colegiales profesionales”.

Muy diferente es la visión del Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF) que reclama contemplar en el texto las situaciones en que estos profesionales puedan estar habilitados para poder dispensar medicamentos sin receta médica, aunque la requieran, siempre que existan antecedentes de previa prescripción.

De esta forma, agregan en sus alegaciones, se daría la necesaria cobertura legal al farmacéutico como experto en el medicamento —con formación y competencia en el ámbito del uso racional de éstos— garantizando a la vez que el paciente recibe la medicación que requiere en determinadas situaciones. Por otra parte, el CGCOF apunta que la limitación que se establece para el farmacéutico a la información acumulada de los tratamientos anteriores no guarda relación con las funciones definidas en el artículo 84 de la Ley de Garantías, en el sentido de que el farmacéutico es el responsable de la dispensación de los medicamentos y expresamente se señala que debe velar por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico, cooperando con él en el seguimiento de los tratamientos, a través de los procedimientos de atención farmacéutica. Sin embargo, entienden que difícilmente podrán ejercer esta responsabilidad si se les coarta el acceso al historial farmacoterapéutico.

La interoperabilidad, lejana

Por su parte, los médicos del primer nivel asistencial representados por la Sociedad Española de Medicina General (SEMG) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) coinciden en reclamar en sus alegaciones la multiprescripción de fármacos como un tema pendiente, pues, aunque el proyecto establece la interoperabilidad como uno de sus pilares básicos, todavía les parece una realidad demasiado lejana.

Para Juan Jurado, miembro de SEMG, el texto habla de la interoperabilidad como algo conseguido o a punto de conseguir pero teniendo en cuenta que el primer borrador vio la luz en 2007 y el segundo está en fase de alegaciones en 2010, los profesionales van trabajar en una situación mixta —donde pervivirán la receta manual, la informatizada y, en algunos puntos muy privilegiados, la electrónica— a la que no se dan soluciones.

Coincide con esta afirmación el presidente de Semfyc, Luis Aguilera, señalando que esta interoperabilidad tan deseada no se garantiza en el futuro decreto. “Existen dificultades, pero hay que establecer una planificación hacia ese escenario de modelo único y de compatibilidad”, añade.

Tanto SEMG como Semfyc también insisten en que la receta es un acto médico que parte de un acto clínico y que engarza con un proceso administrativo pero cuyos débitos y cargas de la gestión del cobro no se deberían seguir imponiendo a los profesionales de primaria, pues la sobrecarga administrativa que arrastran es “enorme”.