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En España el objetivo es pasar de políticas de financiación “macro y poco selectivas” al pago vinculado a resultados de coste-eficiencia
Los contratos de riesgo compartido cobran fuerza como instrumento necesario de gestión en la compra del medicamento
Cecilia Ossorio
Barcelona
En el mercado farmacéutico español hay disponibles alrededor de 12.000 medicamentos que requieren prescripción, y de ellos se financian unos 11.200, según afirmó Jaime Espín Balbino, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, durante la jornada “Políticas públicas de racionalización del gasto farmacéutico” organizada por Chiesi.
“No se financia de un modo selectivo y eso va a cambiar”, anunció. Así, si el reto principal siempre ha sido controlar el precio; con el cambio de tendencia “el pago vendrá condicionado por los resultados, por el coste-efectividad”. Ahora bien, la presencia de incertidumbres —como la ventaja real de los fármacos innovadores sobre la oferta ya existente, o la experiencia insuficiente para su evaluación económica— hacen cada vez más necesaria la firma de contratos de riesgo compartido.
Acuerdo ‘payback’
En este sentido, Espín destacó lo que considera un instrumento interesante en esta época de crisis, el acuerdo de retorno o devolución (payback). “Hay un presupuesto limitado y si se sobrepasa, se comparte el riesgo”.
También hizo alusión a las experiencias del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), muy vinculadas a lo que denominan umbral de coste-efectividad, que ha condicionado la introducción de muchos fármacos en el Reino Unido. Como ejemplo comentó el caso de bortezomid (comercializado con el nombre de Velcade), un fármaco para tratar mieloma múltiple que a juicio del NICE no es coste-efectivo. “Como la industria decide que esté dentro de la cartera, cuando los pacientes no responden la compañía debe devolver el dinero”, aclaró.
Con todo, Espín también señaló el riesgo principal para la industria de este tipo de contratos si el medicamento no funciona. “Es un artículo de lujo en la actualidad”, concluyó.
Jorge Mestre, de la Office of Health Economics, discrepa en algunas cuestiones tratadas por Espín, pues considera que los mecanismos en cuanto a tendencias de financiación de fármacos son poco innovadores, y que el enfoque en Europa sigue estancado en la variable precio y en el “ahorro a corto plazo”. A su juicio, no ha habido el debate necesario sobre temas como el sistema más eficiente de remuneración a las farmacias, el valor de los medicamentos o cómo mejorar la competencia en genéricos.
En cuanto a iniciativas a nivel europeo, habló de marcos de colaboración como el High Level Pharmaceutical Forum (HLPF), en el que “se habla de una mejora en la calidad de la evaluación de tecnologías sanitarias y un acceso adecuado a medicamentos innovadores”, o el proyecto Eunethta, en fase piloto, que también persigue desarrollar las evaluaciones económicas para mejorar la información y colaboración entre los estados miembros.
En opinión de Álvaro Hidalgo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, “es necesario introducir la evaluación económica en la toma de decisiones, no con el objetivo de reducción de gasto sino para asegurar una correcta asignación de recursos”. Según apuntó, en España se están centrando los esfuerzos en la promoción de la prescripción por principio activo y por especialidades farmacéuticas genéricas, pero “se está dejando de lado el examen económico, disperso y descoordinado, y no se está ligando el precio con el valor terapéutico añadido”.
La consejera de Salud catalana, Marina Geli, admite que “la crisis está demonizando la factura farmacéutica” y espera que los recortes de precios de medicamentos y de la masa salarial del personal sanitario “sólo sean medidas coyunturales”, pero la pregunta que lanzó es: “¿Qué quiere ser Europa en relación al medicamento?”. Si no pretende ser sólo compradora, debe instaurar “políticas estratégicas del medicamento”, como ya hacía EEUU y como se están impulsando en China.
Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales de Chiesi España, subrayó que, si bien existe compromiso de la industria por la sostenibilidad del sistema, en España ya no pueden soportar “más recortes”.
