¿Cuesta lo mismo poner un médico en una gran ciudad que en una zona de montaña? En términos de salario, sí. Pero el dinero que da el SNS para pagar sus servicios no es el mismo en los dos casos. La razón es que el actual sistema de financiación atiende en un 94% al criterio de población, un aspecto “sobrevalorado” que hay que retocar, según piden las regiones más afectadas por el envejecimiento o la dispersión.
Se dice que cuando los números hablan se acaban las discusiones. Pero en el caso del debate de la financiación autonómica, está por ver si lo que apunta este proverbio es cierto. Tras el cierre sin avances del último Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del verano, la negociación se antoja más larga de lo previsto. De momento, seis regiones —Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón— han rechazado un reparto basado exclusivamente en población y solicitan que se tenga en cuenta el coste real de los servicios. Algunas de ellas, estudios económicos en mano, se han armado de datos para retomar las negociaciones. Las cifras comparten la misma tesis: la fórmula actual infravalora los costes del envejecimiento.
Un trabajo publicado recientemente por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) avala la postura de estas regiones al sugerir que el peso asignado en la actual fórmula de reparto a la población mayor de 65 años es probablemente demasiado bajo. Añade, además, que “no sería mala idea” repartir la financiación sanitaria en proporción a la población equivalente, que pondera la población protegida en siete tramos de edad por su nivel relativo de gasto sanitario per cápita.
Correctores adicionales
Según el trabajo, elaborado por Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC, y María Gundín, profesora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, este criterio básico debería complementarse, asimismo, con correcciones en algunos otros factores, dado que la atención sanitaria por persona protegida equivalente varía de forma sistemática en función de ciertas características regionales.
Dicen los autores, por ejemplo, que existe evidencia de que la atención sanitaria presenta economías de escala que hacen que los costes unitarios sean mayores en las autonomías con menor población. “También encontramos indicios claros de que los costes unitarios de provisión de este servicio, calculados a salarios homogéneos, son mayores en los territorios menos densamente poblados y con menores niveles de renta, como en las comunidades insulares”, añaden. En su opinión, resulta razonable, por tanto, recalcular las necesidades de gasto a salarios de igual poder adquisitivo. Mantener la actual fórmula podría traducirse, aseguran, “en diferencias significativas entre regiones en el grado de cobertura de sus necesidades estimadas de gasto”.
Para hacerse una idea basta con echar un ojo al indicador que muestra el grado en el que el sistema actual infravalora las necesidades de gasto de cada región. Además de La Rioja, las regiones en las que la actualización de la actual fórmula sin correcciones adiciones proporcionaría un menor grado de cobertura de los costes estimados serían Cantabria y Castilla y León, seguidas de Extremadura, Aragón, Galicia y Castilla y León. Se trata no sólo de los territorios más envejecidos sino, en algunos casos, también de los menos densamente poblados y que tienen menores niveles de renta.
A la misma conclusión, la de que el actual sistema otorga un peso demasiado importante a la población, en detrimento de otras variables explicativas de las necesidades de gasto autonómicas, llegó otro estudio, elaborado por Olga Ogando y Jesús Carlos Cavero, catedráticos de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Pero lo llamativo de este trabajo, realizado en el marco de un convenio firmado con la Consejería de Hacienda de Castilla y León, es que no se centra sólo en el envejecimiento, sino que liga la financiación a otro factor determinante: la dispersión geográfica.
Perjuicios para el SNS
A juicio de sus autores, una realidad demográfica caracterizada por una baja densidad poblacional y una alta dispersión de residentes en entidades de pequeño tamaño provoca altos costes per cápita y menor eficiencia del gasto en la prestación de determinados servicios públicos. Sin embargo, la medición de la dispersión geográfica en el actual sistema de financiación “no alcanza a recoger toda la complejidad propia de la población” y el efecto que provoca sobre el coste de la prestación de esos servicios.
A estos expertos no se les escapa la evidente dificultad de incorporar en una medida única todos los factores que determinan la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos, en especial los factores geográficos, orográficos y climatológicos. No hacerlo, sin embargo, puede ir en perjuicio de los propios valores del Sistema Nacional de Salud. Por poner un ejemplo, según los resultados de esta investigación, cuando se utilizan las medidas de accesibilidad comúnmente aplicadas en la literatura académica se obtiene que, con carácter general, son las comunidades autónomas más extensas y con mucha población asentada en municipios de escaso tamaño las que tienen una peor accesibilidad a los servicios públicos.
Además, si se tienen en cuenta los tramos de edad en todas las comunidades autónomas, salvo algunas excepciones, la accesibilidad a los centros de salud se reduce a medida que aumenta la edad de la población. La razón, añaden los autores, es bien sencilla: los jóvenes tienden a localizarse cada vez más en poblaciones de mayor tamaño, todas ellas con uno o varios centros de salud.
Tampoco el factor de la solidaridad interterritorial sale bien parado, pues el trabajo publicado por Fedea demuestra que el sistema financiero actual atribuye a las CC.AA. recursos en función de sus necesidades de gasto, sin que exista un sesgo favorable a favor de las regiones con menor renta relativa en perjuicio de aquellas con mayor renta relativa.
