Cgcom y Separ sellan su alianza

La falta de una normativa de carácter vinculante que contemple la validación periódica colegial (VPC) es, a día de hoy, una de las asignaturas pendientes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Hasta el momento, la distribución de la formación continuada ha ido a distintas velocidades en cada comunidad y, tanto organizaciones colegiales como sociedades científicas, han cubierto este aspecto con distintas iniciativas en formación continuada.

A pesar de los intentos oficiales de regulación y ordenación, actualmente el médico no está obligado a realizar el proceso de validación, sin embargo, los profesionales están convencidos de que el marco asistencial actual hace imprescindible arbitrar los sistemas de acreditación. Es aquí donde pretenden englobarse los organismos e instituciones que creen que deben participar en este proceso: ministerio de Sanidad, comunidades autónomas, colegios de médicos, universidades, sindicatos y sociedades científicas.

El primer paso para regular es la validación periódica de la colegiación (VPC), prevista para 2017 tras ser aprobada en noviembre del año pasado la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales, que tendrá carácter universal y obligatorio.

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) ya aprobó en enero que la VPC fuese, desde ese momento, “universal y exigible”, con una cadencia de un año para su entrada en vigor desde ese momento, y adelantándose así a la norma europea.

Con ella, tal y como explica el presidente de Facme, Carlos Macaya, el médico deberá cumplimentar este proceso cada seis años con el objetivo de certificar la buena praxis, la vida laboral y demostrar su formación médica continuada (FMC) y su desarrollo profesional continuo. La OMC se encargará de certificar que el profesional es médico, gracias al Registro de Profesionales, actualmente en pleno desarrollo por los colegios. Asimismo, la acreditación de su aptitud psicofísica para la atención de los pacientes también correrá a cargo de la institución médica junto a la certificación de la buena praxis profesional.

El último aspecto, que la OMC ha delegado en las sociedades científicas, es la fijación de los estándares de formación continuada, es decir “comprobar que el médico tiene las competencias profesionales para el ejercicio de su profesión”, explica Macaya a GM. Una validación que nace como voluntaria para el profesional pero que, tal y como asegura Macaya, a corto/medio plazo será obligatoria.

Separ toma la delantera

En este sentido, la primera sociedad científica en tomar la delantera en crear un modelo propio de recertificación profesional ha sido la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Desde hace seis años, la sociedad está trabajando en este tema, ya que “Separ está convencida de que el desarrollo profesional debe estar evaluado”, comenta la ex presidenta Pilar De Lucas. El proceso es voluntario y sin carácter punitivo, tal y como se contempla en la LOPS. Desde Separ, siguiendo el modelo europeo que apuesta por una recertificación obligatoria, tienen claro que “es un derecho y un deber del médico”. Si bien, esta iniciativa no se sale de las líneas maestras que regirán la normativa nacional y establece un periodo de evaluación cada seis años, en consonancia con el Comité de Expertos de la Comisión de Recursos Humanos. “Esta experiencia servirá de ejemplo para otras sociedades”, apunta Macaya, al tiempo que adelanta que ya se están manteniendo las primeras reuniones entre colegios y sociedades para delimitar un protocolo de actuación común.

Del mismo modo, la necesidad de homologar al menos “unos criterios mínimos” en el proceso de evaluación es una petición unánime tanto de colegios como de las sociedades científicas. Macaya es partidario de que cada sociedad científica y cada colegiación trabajen conjuntamente para elaborar un formato similar que se implante de manera uniforme, eso sí, cada especialidad elaboraría sus criterios específicos, “pero el 80 por ciento de la validación sería común para todos los médicos”, indica el presidente de Facme. Para ello, el cardiólogo advierte de que es necesario el consenso de todos los organismos y las alianzas entre unos y otros es la mejor manera de hacerlo. “La idea es que todos sumemos”, precisa.

Primaria avanza

Los primeros pasos los han dado ya también las sociedades de AP. El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro, explica que se trata de un asunto importante para la profesión en el que la puesta en marcha final debe ser consensuada por todas las sociedades científicas y cuya opinión deberá ser defendida desde Facme. Por ello, desde la SEMG, la opinión es clara: son las sociedades científicas las que deben ser proveedoras de formación a los médicos de cada especialidad que, además, es precisamente lo que se acordó en un principio entre la OMC y Facme, que los primeros se hagan cargo de los trámites oportunos y de una formación transversal común a todas las especialidades y las segundas sean las responsables del cuerpo de la formación.

Asimismo, incide en que las tres sociedades de MFyC —SEMG, Semfyc y Semergen— llevan ya algún tiempo trabajando en proporcionar al ministerio “una solución común, que sea razonable y razonada, con la suficiente calidad y que cumpla tanto las expectativas del médico de base como de la administración”. Aunque —matiza— deberá ser el conjunto de sociedades científicas englobadas en Facme la que finalmente homologue la metodología común y llegue a acuerdos en este sentido tanto con la Administración como con la OMC.

Concretamente, desde SEMG se programa cada año una amplia oferta de formación continuada, tanto presencial y ‘online’ como de metodología mixta, que contempla las necesidades formativas del médico de familia, la mayoría de las cuales son acreditadas por el sistema nacional de acreditación.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, apuesta porque la acreditación la lleve a cabo un órgano independiente al que provee la formación —colegios y sociedades científicas—, pero el problema surge en si la formación para la acreditación está en manos de las administraciones públicas o lo está en las organizaciones profesionales, confiando más en una autorregulación. En su opinión, este segundo modelo “es mucho mejor” porque con él se conseguiría un aumento de la calidad de estas acciones formativas. Eso sí, a su juicio, el órgano independiente que otorgue la acreditación no deberá estar ligado a la administración, sino a los propios profesionales.

Asimsimo, el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Francisco Miralles, está convencido de la importancia de la VPC, pero reconoce que se está dejando de lado el desarrollo profesional. Coincide con las sociedades científicas y los colegios en la necesidad de la homologación. “La carrera profesional tiene estar ligada al desarrollo profesional, y por tanto, las organizaciones sindicales debemos trabajar conjuntamente, ya que tenemos las competencias en este campo”, precisa.

El papel de los colegios

Ya en calidad de vicepresidente del Colegio de Médicos de Murcia, Miralles explica que los colegios son importantes en este proceso “pero no como responsables últimos”. A su juicio es necesaria la colaboración con las administraciones.

Desde Asturias, el presidente colegial, Alejandro Braña, asegura que la validación periódica es algo positivo “y no puede ser rebatida en ningún momento”. De hecho, anuncia que están trabajando para completar el proceso y tenerla lista en un año. A su juicio, es una exigencia que pone en valor el trabajo del médico y por tanto, es una seguridad para el paciente y la sociedad.

Braña tiene claro que la homologación entre administraciones es prioritaria. Sin embargo, opina que “independientemente de la colaboración de las sociedades, es algo que compete a los colegios médicos”, al tiempo que matiza que “todos los profesionales tienen la obligación de colegiarse, por tanto, es el organismo más adecuado”. Al igual que Macaya apunta a que el registro de profesionales es una buena herramienta para que se lleve a cabo este proceso.

Asimismo, Braña reconoce que existen reticencias por parte de algunos médicos a que este proceso suponga una “vuelta al examen”, y nada más lejos de la realidad. En este sentido, reitera que se trata de una credencial que garantiza la cualificación profesional de un médico. La VPC, por tanto, no es más que un tipo de certificación en la que un ente, ya sean colegios, sociedades, etc., evalúan y reconocen la buena praxis.

Los pioneros

El primer colegio en avalar la certificación médica ha sido el de Valladolid. Algo que desde la organización consideran como “garantía para los médicos que ejercen como médicos y se comprometen con el procesos de validación, de que sus actos están asegurados”, precisa el presidente Antonio Otero, que además recuerda que, en total, Valladolid ha entregado 64 acreditaciones.

Asimismo, incide en que no debe hablarse de quien lidera este proceso, sino de que colegios, sociedades científicas y comisiones nacionales de las especialidades ocupan un lugar “importantísimo” y estas tres entidades deberá establecer conjuntamente procedimientos.

A la hora de acreditar, coincidió con Basora en que deberá estar en manos de un órgano independiente, y abogó por un método como Seaformec, que es un sistema español de acreditación de actividades relacionadas con la formación médica continuada, el desarrollo profesional continuo, así como de procesos o estructuras útiles para la actividad profesional de los médicos, y participan en él por cuatro miembros con el mismo nivel de representatividad el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), Facme, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza (COMZ), Concepción Ferrer, por su parte, subraya que la certificación y acreditación de la formación continuada va a ser “un todo integral” en la validación periódica de la colegiación, por lo que es un trayecto que tendrán que recorrer juntos las sociedades científicas y los colegios de médicos.

Dentro del reparto de competencias, para Ferrer, las sociedades tendrán que acreditar que el médico tiene la formación necesaria y está siguiendo los estándares que, como sociedad, consideran que debe de tener para que su ejercicio de la profesión tenga la mayor garantía para el paciente, pero esto tiene que ir siempre unido a una validación periódica de la colegiación que asegure que está capacitado física y psíquicamente para ejercer y, además, que en su expediente no figure ninguna sanción por la que no pueda ejercer la profesión. “Creo que es un camino que debemos de hacer juntos”, recalca para añadir que, como profesión, están obligados a dar todas esas garantías tanto a la sanidad pública como a la privada y decir periódicamente qué profesionales están capacitados para ejercer y cuáles no.

Además de crear un modo propio de recertificación, los neumólogos han dado un paso más. La semana pasada, la sociedad junto al Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom) firmaron un convenio de colaboración en materia de acreditación profesional. El acuerdo, suscrito entre el vicepresidente de la corporación médica, Serafín Romero, y De Lucas, abre la vía de la acreditación del médico español, a través de la directiva de cualificaciones profesionales 2013/55/ue.

El acuerdo, firmado en el marco del 48º Congreso de la Separ, compromete a ambas partes a desarrollar conjuntamente el proceso de Validación Periódica de la Colegiación y Recertificación, bajo la denominación de VPC-R.SEPAR, a través del cual se certifica la aptitud y competencia profesional específicas de los neumólogos y cirujanos torácicos en general y de los socios de dicha entidad científica en particular.

Tal y como recoge la publicación del consejo, Romero, asegura que el papel que le corresponde tanto a los colegios de médicos como a las sociedades científicas en lo concerniente a acreditación y recertificación, “se trata de ofrecer un proceso integral y completo en esta materia, que abarque todos los factores relacionados con la competencia y la capacidad del profesional dentro de su especialidad, con la posibilidad de renovarlas periódicamente”.