Los enfermeros han analizado las actuaciones realizadas en el ámbito de la atención a pacientes con el ébola en España. Los últimos acontecimientos apuntan a que la gestión que el Gobierno ha hecho con esta crisis sanitaria no han sido las adecuadas. Así lo ha denunciado el Consejo General de Enfermería (CGE) desde hace unas semanas. Con este pretexto, el colectivo ha presentado un informe sobre estas actuaciones, en el que han concluido que los protocolos, la formación y el entrenamiento de los profesionales han sido insuficientes y se han vulnerado varias leyes, entre ellas, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS), al no contar con las indicaciones de los enfermeros para elaborar los protocolos de actuación. A este respecto, Máximo González Jurado, presidente del CGE, ha asegurado que el colectivo no ha estado presente ni se le ha consultado en la elaboración de los protocolos, ni siquiera en la última revisión.
González Jurado ha hecho un repaso de la legislación española y europea, y ha destacado que hay suficiente normativa para proteger a los sanitarios. Asimismo, el responsable del Consejo denuncia que además de estas deficiencias en la formación de profesionales no “se ha hecho lo posible por minimizar un posible riesgo de contagio”. Para González Jurado, aunque ahora existe más conciencia de la situación, se están detectando desigualdades en los procedimientos en las autonomías. De este modo, indica que es necesario aunar estándares en la formación de los profesionales.
Por otra parte, ha puesto en relieve que hasta hace unas semanas, los hospitales no contaban con el equipo de protección individual adecuado para dar los cursos de formación correctamente a los sanitarios españoles. En esta línea, el informe ha detectado cómo los profesionales que han estado en contacto directo con enfermos de ébola no han sido informados sobre los riesgos específicos de su nueva situación. Tampoco les consta, que se haya llevado a cabo una vigilancia adecuada sobre su salud ni que se haya realizado reconocimiento de su estado ni antes ni después de atender a estos pacientes.En este punto, entienden que hay una responsabilidad de carácter laboral, civil y penal ante el incumplimiento de la legislación. Con esta premisa, presentarán el informe a la fiscalía que investiga el caso como documentación. En este sentido, ha avanzado que proporcionarán amparo legal a todo el personal de enfermería que lo precise. Además, ha señalado que son las comunidades autónomas las responsables de la formación de los profesionales y el cumplimiento de las leyes y, en el caso concreto de Madrid, ha exigido la dimisión del consejero madrileño por acusar a Teresa Romero de mentir. “En un país serio no seguiría siendo consejero de sanidad”.
