informe/ Semfyc reclama a Sanidad que elimine o bien regularice a nivel estatal una medida que sólo responde a una justificación económica

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Profesionales, pacientes e industria definen este trámite como un “obstáculo burocrático”, mientras los gestores lo ven como una garantía

El visado electrónico minimiza las trabas administrativas pero sólo está funcionando en las CC.AA. más avanzadas en receta electrónica

| 2011-02-11T15:22:00+01:00 h |

MÓNICA RASPAL

Madrid

El visado de inspección impuesto a algunos fármacos es una medida que responde a una justificación claramente económica, de control del gasto, pero que no mejora la calidad asistencial y genera “desconfianza” hacia la formación del profesional, según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), que ha pedido que se eliminen o bien se regularicen desde una agencia central que garantice la equidad.

Según el vicepresidente de esta entidad, Domingo Orozco, los médicos de primaria no ven el sentido a una medida que no les disuade a la hora de prescribir un fármaco si éste es el más adecuado para el paciente por lo que piden que se revisen los motivos por los que se aplica a determinados medicamentos, que además difieren según haya determinado cada región.

Poca información

A todo ello se suma la escasa información referente al visado publicada en las páginas web de cada comunidad —sólo cinco tienen un acceso sencillo y público a la legislación mientras que el resto informa con circulares o notas internas— y la desigual implantación de la receta electrónica, que pretende favorecer la autorización y dispensación de este tipo de fármacos y facilitar al paciente la continuación de los tratamientos en su farmacia, evitando que se desplacen las áreas de inspección.

Con la intención de arrojar luz desde la perspectiva de los profesionales sanitarios, Semfyc ha presentado los resultados preliminares de un informe —cuya segunda parte tiene previsto dar a conocer antes del verano— en el que todos los agentes implicados en la prescripción farmacéutica (clínicos, pacientes e industria) coinciden en definir el visado como un “obstáculo burocrático” que genera “desigualdades” en el acceso a determinados tratamientos, aunque no se ponen de acuerdo en si su imposición se hace por necesidades clínicas o económicas.

El estudio recoge también la opuesta visión de los gestores que consideran esta medida —introducida en España en los años 70— una “garantía” de que la prescripción de fármacos va a ser ajustada a las indicaciones de la ficha técnica, de que se prescriben las fórmulas financiadas y de control de las reacciones adversas, así como de la introducción de novedades terapéuticas. Sin embargo, Orozco destaca que el médico de familia está perfectamente formado para tratar a enfermos crónicos —con demencia, patologías cardiovasculares, diabetes o problemas de próstata— cuyos tratamientos son los más frecuentes en requerir de visados y los que generan más frecuentación en el primer nivel.

Además, considera que existen otras medidas más eficaces en el control del gasto como la formación profesional en el uso racional o las guías terapéuticas, mientras que, tal y como aclara el informe, los visados reducen el gasto farmacéutico por paciente pero no existen evidencias de contención a largo plazo.

Desigual implantación

Dejando a un lado el debate sobre su idoneidad, el estudio de Semfyc constata que el visado electrónico sí ha minimizado la traba administrativa que suponía la gestión de medicamentos pero sólo está funcionando en las comunidades más adelantadas en la puesta en marcha de la historia clínica digital y la receta electrónica —Andalucía, Extremadura, la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana y Baleares—, mientras que el resto se encuentran en fase de transición o pervive aún el visado manual (ver mapa), que obliga al paciente a desplazarse dos veces al centro de salud.

Mejorar la interrelación entre los profesionales implicados para que el actual modelo de visados funcione correctamente sirviendo como “llamada de atención” ante medicamentos con un perfil beneficio-riesgo poco definido o novedades con restricciones de uso, es otra de las propuestas de esta sociedad dada la necesidad inminente de reducir el gasto en pleno debate sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.