Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Les ha costado su tiempo, pero los sindicatos que operan en el ámbito sanitario han dado por fin en la diana. La sanidad pública no se deteriora por dar cabida en ella a cuatro o cinco empresas privadas especializadas en la prestación de servicios, sino estrangulando sus cuentas y cortando de raíz su financiación. Pocas veces centrales y organizaciones sindicales especializadas habían firmado un comunicado tan demoledor y, a la vez, tan realista, sobre los devastadores efectos que producirá en el Sistema Nacional de Salud en su conjunto la ausencia de medidas efectivas para atajar la crisis. Si 2010 ha sido malo, 2011 será aún peor por culpa de una insuficiencia presupuestaria sin precedentes, y el análisis pormenorizado de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio no hace sino confirmar los negros presagios que se vienen apuntando aquí y en otros medios de comunicación desde hace ya más de un año. Presagios que hacen temer una hecatombe ante la apremiante necesidad de recortar el gasto público que muestra el triste ejemplo de Irlanda.
Según la Federación de Sanidad de CC.OO., la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), CSI·F, el Sindicato de Enfermería (Satse) y Usae, los recortes draconianos pueden ocasionar secuelas irreversibles en ese paciente enfermo que es la sanidad. Caen en picado, por ejemplo, los gastos en investigación. Caen, en picado, los fondos públicos destinados a la cohesión interterritorial. Se suspenden, sine díe, las carreras profesionales de los sanitarios. Y se frena la reposición de efectivos en medio de una gran presión asistencial y de un envejecimiento poblacional que repercute en los centros sanitarios.
“Es inadmisible el deterioro que el Sistema Nacional de Salud (SNS) está empezando a sufrir”, avisan las organizaciones firmantes de este documento, deteniéndose en el caso singular de algunas comunidades lastradas por el déficit. De Murcia, afirman que el gasto será en 2010 un 9,5 por ciento mayor de lo presupuestado; en Asturias, la disfunción será de un 5,61 por ciento en 2011. En Canarias, la rebaja alcanzará el próximo año el 11,72 por ciento, lo que ha desatado ya las quejas conjuntas de médicos y enfermeros, y en Extremadura, rondará el 7,49 por ciento. En total, el particular tijeretazo que aplicarán los gobiernos autonómicos será del 4,22 por ciento. ¿Si las administraciones no han sido capaces este año de cuadrar sus cuentas, cómo podrán hacerlo el próximo con unos presupuestos aún más raquíticos?
La bajada abre la puerta, sostienen con razón, a las empresas de trabajo temporal, a las contrataciones precarias y a la incorporación de mano de obra barata. En pocas palabras: el capítulo I será uno de los grandes protagonistas de la reducción. El gran pagano de la crisis mal gestionada tanto en la sanidad como en el ámbito general. Como remedios ante el grave deterioro asistencial que sobrevuela España abogan por una financiación finalista que permita garantizar la corresponsabilidad; por mejoras presupuestarias ostensibles; por la implantación de buenas prácticas de Gobierno y por potenciar áreas como la atención primaria, dejada durante los últimos seis años de la mano de Dios pese a que las sociedades científicas han venido alertando de la muerte progresiva del modelo. El rapapolvo es considerable y debería ser objeto de reflexión, como tantas cosas, en el Pleno del Consejo Interterritorial de Salud por parte del Ministerio y de los consejeros del ramo.
