| jueves, 23 de mayo de 2013 h |

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido mantener la suspensión cautelar de la vigencia de los artículos 16 y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, lo que conlleva que el ‘euro por receta’ en Cataluña no se pondrá, de momento, nuevamente en marcha. Cabe recordar que esta medida, que se aplicó en esta comunidad desde el mes de mayo de 2012 al mes de enero de 2013, fue suspendida cautelarmente el 15 de enero por un plazo máximo de cinco meses, una vez admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido el 21 de diciembre de 2012 por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contra los citados artículos por entender que vulneraban el artículo 149.1.16 de la Constitución relativo a las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.

El Tribunal Constitucional ha considerado que, tal y como precisaba el abogado del Estado, el levantamiento de la suspensión, que se mantendrá de nuevo un plazo máximo de cinco meses, “originaría dificultades en la gestión de la devolución de la tasa autonómica en caso de un eventual pronunciamiento favorable al recurso”. En este sentido, según el auto del tribunal sería “desproporcionadamente onerosa para el conjunto de los sujetos pasivos la reparación del perjuicio a través de operaciones de devolución”. Es decir, que las cargas y molestias, así como el “abultado volumen” de las operaciones devolución que se deberían producir si finalmente una sentencia fuese contraria a la tasa, aconsejan mantener la suspensión.

De otro modo, el Tribunal Constitucional estima que el mantenimiento de la suspensión de la tasa no puede justificarse en otros aspectos alegados por la Abogacía del Estado, como sería el caso de que el pago o impago de la tasa afectaría a la Administración de Justicia al impedir el acceso a la misma; ni que la tasa pudiese suponer una “barrera” que impida a los ciudadanos el acceso a la prestación farmacéutica y, de ese modo, se convierta en un “riesgo irreparable” para la salud; o el que se produjese una desviación en la prescripción hacia medicamentos más caros o hacia la adquisición de medicamentos en otras comunidades, algo de lo que no se aportó datos al tribunal.