| lunes, 19 de julio de 2010 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Resulta lógico que los senadores traten de justificar el sueldo que de forma tan generosa les sufragan los españoles e intenten divulgar a los cuatro vientos los frutos de su trabajo. Tristemente, no deja de ser noticia que una Cámara tan menospreciada en el derecho parlamentario español a lo largo de la historia realice trabajo alguno de utilidad o labor con repercusiones prácticas, más allá de la de compensar la tarea del Congreso de los Diputados, el verdadero motor de las leyes en nuestro país. Pero no conviene caer por ello en la loa fácil ni en los cantos de sirena que llegan desde la Plaza de la Marina española. Las conclusiones de la ponencia que ha estudiado las necesidades de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) son interesantes, sí, pero arrojan más sombras que luces sobre la situación de los profesionales que trabajan en hospitales y centros de salud, y dejan en el aire la duda de si sus problemas les preocupan realmente a los políticos sanitarios.

Porque la mayor parte de dichas conclusiones atinan en el diagnóstico y en la solución, afortunadamente, pero resultan tan obvias que es incomprensible que hayan pasado meses y hasta años sin que las autoridades sanitarias las implementen y que tengan antes incluso que ser expuestas en un papel oficial con el membrete de sus señorías los senadores. ¿Hacían falta para semejante viaje alforjas tan conocidas?

Los ejemplos incluidos en el documento final son innumerables. Así, la Cámara Alta urge a desarrollar de forma urgente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Si se trata de una necesidad imperiosa, que lo es, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora, pese a llevar años aprobada la norma en España? En la misma línea, los senadores proponen también la creación de un Registro Nacional de Profesionales. Y en este punto, lo que cabe es preguntarse por qué no existe aún tal registro, al menos en el plano puramente médico: ¿No prometió en público Elena Salgado en su etapa como ministra de Sanidad que lo pondría en marcha? ¿No firmó incluso un convenio con la Organización Médica Colegial (OMC) de Isacio Siguero y de Juan José Rodríguez Sendín como presidente y secretario general, respectivamente, para su desarrollo, en plena negociación de la ley del vino? ¿No se acuerda de ello el senador popular Jesús Aguirre, por aquel entonces miembro de la cúpula de la OMC? ¿Por qué no sabe nada de dicho registro a estas alturas? Hablan, en fin, los parlamentarios de la necesidad de dar solución al problema de los médicos especialistas sin título oficial. Tienen, desde luego, razón. Lo inaudito es que el ministerio permanezca cautivo ante algunas sociedades científicas contrarias a tal regularización, mientras se reconoce el título a facultativos foráneos mediante una política de manga ancha que han criticado amplios sectores. Entre ellos, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Las conclusiones incluyen también recomendaciones vagas que ninguna autoridad ejecuta. Recuperar el prestigio de los médicos, humanizar el sistema y convertir la atención primaria en el eje del sistema son brindis al sol de bonito enunciado pero nula cumplimentación en los últimos años. ¿Cuántos ministros de Sanidad desde Ángeles Amador hasta Trinidad Jiménez no han dicho frases parecidas? ¿Cuántos han hecho realmente algo para llevarlo a cabo, más allá de las leyes profesionales aprobadas por Ana Pastor durante su mandato? El documento, que no rehúye la polémica en lo que se refiere a la reordenación de algunas tareas profesionales, es una hoja de ruta, sí, pero que debería haberse puesto en marcha hace muchos años. Desgraciadamente, queda todo por hacer.