Las comunidades autónomas agotan su tiempo para articular las compensaciones a las farmacias rurales contempladas por el RDL 9/2011, que establece un índice corrector de los márgenes para dichas boticas. Esta medida debería aplicarse desde enero, por lo que los farmacéuticos esperan que las ayudas lleguen a tiempo o, al menos, tengan carácter retroactivo, visto lo rezagadas que van algunas comunidades. Y es que, aunque muchos las ven insuficientes, en el colectivo parece primar el “más vale poco que nada”.
Castilla-La Mancha fue la más madrugadora al sacar un decreto con los requisitos para acceder a dicha compensación. Tras su publicación, el secretario del COF de Toledo y vocal de Sefar, Francisco Guardia, mostró su desacuerdo con uno de los requisitos que contempla la normativa autonómica y del que nada dice la nacional. En concreto, para acceder a la ayuda, las farmacias castellano-manchegas no podrán haber sido sancionadas en los tres años anteriores, una imposición “lamentable”, según Guardia, máxime tras el sufrimiento ocasionado por el impago y ante “lo ridículo y testimonial de las ayudas”.
También para el presidente del COF de Tenerife, Guillermo Schwartz, son insuficientes y, además, cree que tendrán una baja incidencia en las islas dado que el concurso de farmacias canario facilita el traslado de las boticas en situación más complicada, algunas de las cuales se reconvierten en botiquines. “El problema que hay con la farmacia rural es muy superior a una simple consideración como farmacia con viabilidad económica comprometida”, afirma.
En cambio, el 15 por ciento de las boticas de Castilla y León podrían beneficiarse de la medida, según estimaciones de su Consejería de Sanidad, que ha elaborado un documento sobre su aplicación. El texto está todavía en fase de alegaciones y, en concreto, las de los farmacéuticos pasan por hacer el procedimiento “menos burocrático”, explicó el presidente del Concyl, Jesús Aguilar.
Por su parte, los boticarios aragoneses recibirán a lo largo de enero una impreso de solicitud del colegio que deben completar en caso de considerar que cumplen los requisitos y que, posteriormente, su consejería analizará. Donde también tiene visos de retrasarse el desarrollo de la norma es en Andalucía. Sefar calcula que para febrero esté lista pero, “en cualquier caso, tendrá carácter retroactivo”. Mientras, la consejería gallega estudia la documentación remitida por algunos colegios de farmacéuticos, como el de Lugo.
Por otra parte, la Asociación de Farmacéuticos Rurales Gallegos (Asfarga), ha hecho coincidir el primer aniversario de su constitución con la petición a la nueva secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, que pasara de las palabras a los hechos. En este sentido, desde Asfarga se incidió en el interés que demostró Farjas cuando era consejera de Sanidad gallega por ayudar a las oficinas de farmacia rurales.
