iria gonzález Sevilla | viernes, 08 de junio de 2012 h |

Apenas dos meses después de asumir la presidencia del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance ha debido enfrentarse a la incertidumbre que, el pasado 1 de junio, supuso para las oficinas de farmacia de su comunidad la puesta en marcha de las subastas andaluzas de medicamentos. A última hora, las subastas experimentaron un nuevo giro al buscar adaptarse a la normativa estatal del Real Decreto-ley 16/2012, que obliga a dispensar el medicamento más bajo para prescripciones por principio activo. Todo ello bajo el telón de fondo de la suspensión cautelar que implicó la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitución del recurso presentado por el Gobierno central contra esta medida. En este mar de confusión, el presidente de los farmacéuticos andaluces trata de aportar algo de luz y explica a EG cómo han vivido estos primeros días de junio las boticas de su comunidad, cuyo deseo es que se solucione cuanto antes el conflicto de competencias entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

Pregunta. ¿Existe todavía confusión entre los farmacéuticos tras anunciar la consejera de Sanidad, María Jesús Montero, que, desde el 1 de junio, las farmacias andaluzas debían dispensar nueve de las 13 presentaciones seleccionadas por el SAS?

Respuesta. No le puedo negar que el 1 de junio ha sido un rubicón y que había incertidumbre y desazón entre los compañeros. Pero si quiere que le diga la verdad, no es nada especialmente nuevo porque, como sabe, el sector desgraciadamente está acostumbrado en los últimos tiempos a los cambios un día sí y otro también. Genera muchísimo trabajo en la farmacia y genera mucha incertidumbre cada uno de estos cambios, y más si, como en este caso, coinciden en el tiempo medidas estatales y autonómicas. Lo que espero de verdad es que sean las últimas en mucho tiempo, porque está alcanzando ya el nivel de disparate y la farmacia, muchísimas farmacias, están al límite de lo que pueden soportar.

P. ¿Cómo deben, por tanto, dispensar los farmacéuticos de Andalucía desde dicha fecha?

R. Al precio más bajo cuando la prescripción venga por principio activo. Según instrucciones recibidas del SAS, que remitimos a los colegios y estos a las boticas, cuando el precio más bajo coincida con el de los medicamentos seleccionados por la Junta de Andalucía, se darían estos, al menos a priori, y siempre respetando el criterio profesional del farmacéutico en aplicación de la ley.

P. Entonces, en caso de igualdad a precio más bajo, ¿el farmacéutico andaluz no puede seleccionar el medicamento que quiera y debe dispensar el fármaco que ganó la subasta?

R. Las instrucciones que el SAS nos ha indicado que transmitamos a la farmacia son las que le he indicado anteriormente.

P. Además de a la hora de la dispensación, también surgirán dudas a pie de mostrador por parte de los pacientes. ¿Qué efectos puede tener esta medida para los usuarios?

R. El trato con los pacientes ha podido ser el mismo que el que ha tenido lugar cuando ha entrado en vigor cualquier cambio de precios, y no creo que se haya resentido especialmente. El farmacéutico está por desgracia, insisto, más que acostumbrado a hablarle al paciente en los últimos tiempos de estos cambios. En cualquier caso, no creo que haya tenido mayor efecto para los pacientes que el de alguna molestia puntual. Si se ha producido alguna falta estos días, que era previsible como en ocasiones parecidas, se ha acudido al mecanismo de sustitución previsto en caso de desabastecimiento y dudo que ningún paciente se haya quedado sin su medicina, que por lo que respecta a la farmacia y a nuestro trabajo como profesionales es de lo que se trata.

P. La subasta se adaptó finalmente a la obligación de dispensar el fármaco de precio más bajo que recogió el RDL 16/2012. ¿Los farmacéuticos consideraban fundamental este paso para poder cumplir con la normativa estatal?

R. Los farmacéuticos no somos los que hacemos las leyes, básicamente las sufrimos. Antes de que se hagan, de que se publiquen, decimos todo lo que tenemos que decir para evitar en la medida de lo posible daños mayores, pero luego, una vez que se publican en los boletines oficiales correspondientes, simplemente nos limitamos a cumplirlas. Y eso es lo que hemos hecho esta vez, limitarnos a dar cumplimiento haciendo llegar las instrucciones de la administración, nos gusten más o menos.

P. Por ello, quisieron aclarar que esta medida no es resultado de ningún acuerdo con los farmacéuticos, sino que ha venido impuesta desde la administración, ¿no?

R. Siento insistir en lo mismo, nosotros lo que hemos hecho es transmitir una instrucción de la Junta de Andalucía a nuestros colegios y ellos a su vez a las farmacias, y eso es en efecto lo que hemos dicho desde el minuto uno.

P. ¿Qué pueden hacer los farmacéuticos cuando se encuentra inmerso en un conflicto entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía?

R. Como bien dice, es un conflicto de competencias entre dos administraciones y nosotros estamos en medio. Lo único que podemos hacer hasta que no se pronuncien los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional, es transmitir y atender las indicaciones que llegan desde la administración, que es la que tiene capacidad para establecer la política del medicamento.

P. En este sentido, ¿en el último comité ejecutivo del Cacof se acordó obedecer a la Junta y que esta fuera la que pudiera incurrir en las responsabilidades correspondientes?

R. El acuerdo adoptado por el comité no fue ese, sino cumplir con la ley en cuanto a la dispensación general y trasladar a las farmacias las instrucciones del SAS respecto a los precios seleccionados, puesto que este consideraba que entraban en vigor a partir del 1 de junio.

P. En cualquier caso, lo que el Tribunal Constitucional debate es un conflicto de competencias. ¿Se presenta un panorama de incertidumbre para la farmacia andaluza, pudiendo cambiar el panorama en los próximos meses?

R. La situación no es la que más nos gusta y la farmacia lo que quiere es que se dirima cuanto antes el conflicto porque necesita seguridad jurídica y estabilidad.