Resolución/ Los criterios económicos se imponen sobre los de equidad
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La dirección gerencia del SAS determinará qué medicamentos serán evaluados
La nueva resolución de armonización se centra en los aspectos económicos
Carlos Arganda
Sevilla
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha enviado a sus centros dependientes una nueva resolución sobre armonización de los criterios de utilización de medicamentos en los centros del Servicio Andaluz de Salud, que sustituye a la aprobada en febrero de 2008 y que pone el acento en los aspectos económicos de la prestación farmacéutica. Concretamente en las posibilidades recogidas en la Ley de Garantías que, según explica la resolución, “consagra la financiación selectiva y no indiscriminada de medicamentos”.
Este énfasis resulta aún más llamativo si se compara con el texto aprobado en 2008, ya que entonces la justificación principal para armonizar los tratamientos en los centros del SAS era “evitar desigualdades en el acceso de los pacientes” a los mismos. No obstante, la resolución aprobada el pasado mes de agosto refleja desde el primer párrafo la intención económica con la que se pone en marcha este nuevo procedimiento, aunque también expresa su deseo de profundizar en la “igualdad en el acceso”.
La evaluación de los medicamentos afectados por la resolución será llevada a cabo por la “comisión asesora para la armonización de los criterios de utilización de medicamentos de especial impacto sanitario social y/o económico en los hospitales del SAS”, que tomará sus decisiones en base a los informes que la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (Aetsa) realice “conforme a una metodología de trabajo rigurosa, explícita y transparente” sobre los medicamentos que le haya encargado la dirección gerencia del SAS.
Más control
No son éstas las únicas diferencias con respecto a la resolución de 2008. De los 11 integrantes permanentes de la nueva comisión asesora, 10 estarán nombrados por parte del Servicio Andaluz de Salud y sólo uno lo será a instancia de la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria (SAFH). Una composición que contrasta con la existente en la anterior resolución, según la cual, 4 de sus 11 integrantes los nombraban sociedades científicas y otros dos miembros provenían de organismos públicos andaluces, pero externos al SAS.
Por otro lado, la selección de los medicamentos que se someterán a evaluación también cambia. Será llevada a cabo por parte de la dirección gerencia del SAS, que actuará de oficio o a instancia de las comisiones de uso racional de los hospitales, otros profesionales sanitarios o asociaciones de pacientes, entre otros.
Con estos criterios, cualquier medicamento podría ser evaluado si el SAS considera que su impacto sanitario, social o económico es “especial”.
La aplicación de la antigua resolución quedó en suspenso en junio de 2008 ante la tramitación del Real Decreto 1015/2009 por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales.
A finales de julio, Andalucía aprobaba un real decreto que cumplía con las expectativas del Consejo General de Enfermería con la regulación de la indicación de determinados fármacos y productos sanitarios por parte del personal de enfermería.
El Consejo Andaluz de Médicos se apresuró a destacar que esta normativa garantiza que médicos y odontólogos son los únicos profesionales con facultades para prescribir la receta de medicamentos.
La entidad colegial matiza que los enfermeros colaborarán en el seguimiento de tratamientos previamente protocolizados por los médicos e insiste en que la normativa ha supuesto la plasmación de los acuerdos de la mesa de trabajo creada con ese objetivo, en la que participaron representantes de médicos, enfermeros y Administración.
Por su parte, el Consejo General de Enfermería, aseguró que la normativa reconoce a los enfermeros del servicio sanitario andaluz, legalmente y por primera vez en España, la capacidad de prescribir medicamentos y productos sanitarios con cargo al sistema público de la comunidad. Su presidente, Máximo González Jurado, apuntó que la normativa resuelve una situación denunciada por los profesionales de enfermería que, tras la Ley del Medicamento, vieron cómo 183 intervenciones enfermeras habituales se consideraban ilegales.
Ambos consejos han mostrado su deseo de que este paso constituya un ejemplo de cooperación y desarrollo de iniciativas conjuntas en toda España y han destacado la actitud dialogante de la consejería andaluza.
