br
El Principado de Asturias se ha sumado a País Vasco y Andalucía en el frente contra la reforma sanitaria que recoge el RDL 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario. Esta semana, el Consejo de Gobierno asturiano acordaba el recurso contra el decreto de sanidad, junto con el de educación, por invasión de competencias.
La decisión llega después de examinar el informe de la consejería y el dictamen del Consejo Consultivo del Principado, un trámite obviado por el anterior ejecutivo de Francisco Álvarez Cascos, que encargó a los servicios jurídicos la elaboración del recurso pasando por alto la consulta al consejo.
El argumento asturiano es que el ejecutivo central ha podido incurrir en un “exceso de bases” al invadir las competencias autonómicas en materia de autorganización. Sobre este asunto, la consejera de Hacienda y sector público del principado, María Dolores Carcedo, aseguraba en el pleno del gobierno que la reacción de las comunidades ante la “invasión de competencias autonómicas” debe ser “inminente”. “Nunca censuraremos al gobierno cuando tome decisiones en su ámbito de actuación, pero sí si invade”, añadió.
En Cataluña, la ruptura de relaciones entre CiU y Partido Popular torpedea las posibilidades de alcanzar acuerdos que esquiven el Tribunal Constitucional. Aunque el Parlamento Catalán ha votado en contra de la presentación del recurso contra el RDL 16/2012 al margen de las negociaciones bilaterales iniciadas entre comunidad y gobierno central, que proponían el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana, el gobierno de CiU, con apoyo popular, es partidario de agotar estos cauces. No obstante, poco antes de la votación el ejecutivo catalán anunciaba su intención de presentar otro recurso sobre los nuevos recortes de Mariano Rajoy.
Desde el Ministerio de Sanidad, el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, ha instado a Artur Mas a reflexionar antes de emprender la acción, y ha reclamado sentido de “corresponsabilidad”.
Junto a estas fisuras, la brecha del gobierno central y Andalucía y País Vasco se agranda. El viernes 13 de julio el Consejo de Ministros acordó plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional en relación con el reglamento vasco que garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles y esquiva la revisión del copago farmacéutico de Ana Mato. En la misma línea, el ejecutivo ha abierto una nueva vía contra las subastas andaluzas de fármacos presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa sobre prestación farmacéutica, aunque el Constitucional acaba de levantar la suspensión cautelar de las subastas.