La evaluación del RDL 16/2012 es algo necesario para todos los grupos parlamentarios de la oposición. Alguno considera que se debería haber llevado a cabo antes incluso de que se aprobara. Hasta ahora, todas las peticiones encaminadas a conocer el impacto real de la reforma han ido dirigidas en mayor o menor parte al ministerio, pero el PP cree que se está llamando a la puerta equivocada.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha rechazado una moción de la Entesa Catalana en la que solicitaba que Sanidad, en colaboración con las comunidades autónfoomas, estudiara el impacto de la reforma farmacéutica en el plazo de seis meses. Y lo hizo con el argumento de que el ministerio no tiene competencias para ello. La tarea, según Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Alta, corresponde a las comunidades, como las encargadas de gestionar la sanidad.
Así, tras señalar que la “distribución social del copago ha supuesto una gran concienciación”, Aguirre echó mano de la Ley de Garantías, que establece que serán las CC.AA. las que deben devolver el importe de las aportaciones cobradas de más a los pacientes, para defender la tesis de que las que están capacitadas para hacer un estudio de impacto son las comunidades “y no el Gobierno, pues no entra en su ámbito de competencia”.
El segundo punto de la moción de Entesa intentaba discernir el efecto de la desfinanciación de 417 medicamentos. En este caso, el grupo popular echó mano de la hemeroteca para recordar lo ocurrido con las ‘chavelinas’, los fármacos que Manuel Chaves, como presidente regional, decidió seguir pagando a pesar de que el gobierno presidido por José María Aznar los había desfinanciado, y que la Junta terminó por sacar de la cartera en 2012, aprovechando el ‘medicamentazo’ deAna Mato. Para el PP, este ejemplo permite concluir que el estudio de impacto de la desfinanciación “afecta directamente a la gestión sanitaria y, por tanto, el ámbito para realizar esos estudios es únicamente el de las comunidades”.
En un tercer punto, la moción rechazada por el PP se refería a los medicamentos de farmacia hospitalaria cuya aportación por parte de los usuarios sigue pendiente de implementación por parte de las autonomías. También aquí Aguirre señaló que su grupo entiende que “la aplicación, gestión y aportación de estas competencias depende de las comunidades autónomas”, por lo que si alguien tuviera que llevar a cabo un estudio sobre su impacto, deberían ser ellas.