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Su aprobación estaba prevista para esta semana pero, al cierre de esta edición, la Consejería de Sanidad de Madrid seguía negociando con los sindicatos en la mesa sectorial el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos que, tal y como ha recordado el titular de este departamento, Javier Fernández-Lasquetty, establecerá los cauces para agrupar determinadas disposiciones legales que ya estaban vigentes, como las cuestiones relacionadas con la movilidad o el traslado de trabajadores, algo que contempla la legislación y que nada tiene que ver con la externalización de los hospitales pues su intención es que quienes así lo deseen continúen trabajando en esos centros, ya que solo afectará al personal de los servicios no sanitarios.
De esta forma ha respondido a las críticas de las centrales sindicales que han negado haber llegado a ningún acuerdo —rechazando la filtración a los medios de su inminente aprobación, algo que a su juicio ha roto la unidad del sector— y han recordado, con un informe elaborado por sus respectivas asesorías jurídicas, que el hecho de acudir a la negociación no legitima el acuerdo que adopte la Administración sino que se limitan a cumplir con el mandato y el deber de negociar y posteriormente pueden esgrimir ante la jurisdicción competente las posibles irregularidades que hayan surgido a lo largo del proceso, lo que podría determinar incluso su nulidad.
De hecho, tal y como ha anunciado en rueda de prensa el secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, las centrales han acordado recurrir judicialmente la aplicación de la nueva jornada de 37,5 horas semanales y la supresión de la paga extra de Navidad y han adelantado la posibilidad de convocar movilizaciones el 14 de marzo, aunque por el momento descartan la opción de la huelga dadas las condiciones económicas actuales. Por su parte, los colegios profesionales de médicos y enfermeros y las asociaciones científicas de atención primaria de Madrid han emitido un comunicado para rechazar de nuevo el modelo que defiende la consejería de Javier Fernández-Lasquetty ante el “bloqueo” en el que se encuentran las conversaciones con los profesionales sobre la gestión indirecta en los centros de salud. “Si los criterios económicos priman sobre los sociales se producirá un menoscabo para la salud de los ciudadanos”, afirman mostrando su apoyo y confianza a la labor que está desarrollando el Comité Profesional Médico y de Enfermería en la búsqueda de un acuerdo con Sanidad.
Esta advertencia que vienen lanzando desde hace tiempo los profesionales se ha visto reflejada ya en los motivos de las quejas del área sanitaria recogidas durante 2012 por el Defensor del Pueblo —1.674 frente a las 595 de 2001—, más relacionadas con la reforma sanitaria impulsada por el ministerio y con las medidas adoptadas por las comunidades, algo que este organismo considera un “punto de inflexión”. Estas giran en torno a las limitaciones en el acceso, la reducción de las prestaciones, la exclusión de colectivos del ámbito de protección, la financiación de medicamentos, la supresión de centros de urgencia en AP y la insuficiente dotación de personal sanitario, entre otras muchas cuestiones recogidas en el informe.
Tampoco en Andalucía el departamento de María Jesús Montero acepta las demandas de los facultativos que durante una nueva reunión de de la Asamblea General del Sindicato Médico Andaluz (SMA) han acordado continuar con los paros que mantienen de forma rotativa desde mediados de enero y conforme al calendario dispuesto, que llega hasta junio. También tienen intención de endurecer sus movilizaciones para denunciar la actitud “irresponsable” adoptada por la consejera con su “nula” disposición para el diálogo y la negociación. “Los médicos solo queremos trabajar más en nuestro horario normal como todo trabajador público”, aclaran.
Readmisión de jubilados
En cuanto a la jubilación obligatoria a los 65, otro punto de conflicto en varias regiones como la madrileña —que también lo incluye en el citado plan de recursos humanos—, la consejería valenciana ha tenido que empezar a readmitir en sus puestos de trabajo a un grupo de facultativos que jubiló con esa edad durante el último año y medio, tras el aval jurídico que han recibido los recursos individuales presentados por parte de los afectados que alegaron la ausencia de un plan de recursos humanos que lo respaldara.
