La necesidad de garantizar el acceso a los nuevos fármacos para el tratamiento de la hepatitis C ha sonado como ruido de fondo durante todas las vacaciones navideñas y protagonizará el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) de 2015, el primer encuentro con los consejeros del ramo del nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
La Comisión Técnica Delegada, reunida el pasado jueves, trató en su encuentro, y acordó incluir en el orden del día del Cisns del próximo 14 de enero, el Plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el SNS, anunciado esa misma mañana por el ministro durante una entrevista en TVE. Alonso avanzó su intención de comenzar la semana con la primera reunión del comité que estará encargado de elaborar la estrategia integral, coordinado por el hepatólogo Joan Rodés, presidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínic-Idibaps.
Registro de pacientes
El grupo de trabajo estará integrado, en palabras del ministro, por expertos nacionales e internacionales y representantes de las comunidades autónomas y de los pacientes, que establecerán las bases de un plan estratégico que contempla la creación de un registro de los pacientes tratados y la evaluación de la eficacia de estos medicamentos en la práctica clínica. La composición final de este comité permitirá valorar si existe o no intención de introducir criterios económicos, y no solo clínicos, en la elaboración de la estrategia.
Poco más se conoce de la fórmula ideada por Alonso para dar respuesta a las quejas de los pacientes. Los más activos en sus protestas protagonizan desde hace un mes un encierro en el Hospital 12 de Octubre y, al cierre de esta edición, mantienen la convocatoria de una cadena humana hasta el palacio de la Moncloa el sábado 10 de enero reclamando una solución urgente a la falta de acceso a estos tratamientos. Quejas, por otra parte, que tampoco han cesado entre los especialistas, que en las últimas semanas no han escatimado las críticas a la estrategia de priorización para el uso de los nuevos antivirales remitida a los médicos en las últimas semanas de Ana Mato al frente del ministerio. Hasta el punto de que la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) llegó a pedir a sus asociados que no siguieran la pauta marcada por Sanidad.
Por ahora, el ministro ha realizado un llamamiento a la calma. “Dejemos que sean los médicos quienes decidan, no los políticos ni desde las plazas de los pueblos”, insistió durante el anuncio del futuro plan. Además, recalcó que no hay que hacer demagogia ante algo así. “Hay informes de posicionamiento terapéutico y una guía que determina la administración de estos fármacos”, recordó, en alusión a la estrategia cuestionada.
Y es que, en su opinión, las presiones pueden perjudicar otras negociaciones en marcha para incluir la financiación de nuevos medicamentos contra el VHC, que podrían dar sus frutos en los primeros meses de este año, por lo que pidió “responsabilidad en este proceso” y que la sociedad no olvide que “los aliados de los pacientes son los médicos, el SNS y las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia”.
Por otra parte, la incorporación en el orden del día del Interterritorial de este punto parece dar respuesta a las peticiones de Andalucía y Asturias. La consejera de Salud de Andalucía, María José Sánchez Rubio, secretaria de Sanidad del PSOE, reiteraba en estos días la exigencia de un plan de acción que garantice el acceso a las terapias. Un plan que, según la proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados por su partido para su debate en el pleno, debe asegurarse incorporando una partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria.
En la esfera política, el anuncio de Alonso también ha permitido marcarse un tanto al secretario general del PSM, Tomás Gómez, que a principios de semana amenazaba con presentar una demanda si el gobierno no buscaba una solución. “La amenaza ha tenido efecto. El Gobierno estaba enrocado y ha movido ficha para crear el comité de expertos”, indicó. No obstante, aseguró que el texto está preparado a la espera de ver la evolución y los plazos que maneja el ministerio.
Expropiar la patente
Las propuestas de otras formaciones políticas para garantizar el acceso a estas innovaciones van mucho más allá del plan estratégico. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y Podemos han planteado convertir a España en el primer país de Europa que emita una licencia obligatoria y fabrique sofosbuvir genérico para todos los afectados.
La eurodiputada de UPyD, Beatriz Becerra ha instado al ministro a tratar la hepatitis C como “una cuestión de salud pública” y recuerda que la Comisión Europea se ha pronunciado a favor de que los estados miembro aprueben el genérico. Por su parte, el eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que tanto la Constitución Española como la Declaración de Doha recogen la opción de “expropiar” una patente.
La Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth) ha acogido con satisfacción el anuncio del ministro sobre inicio de los trabajos para la elaboración del plan estratégico. La Alianza General de Pacientes (AGP), en la que está integrada la federación, participará en el comité encargado de su diseño con la representación de su presidente, Alejandro Toledo, y sus dos vicepresidentes, Antonio Bernal, presidente de Fneth, y Tomás Castillo, tesorero de Feder. Bernal insiste en que esta medida es una de las conclusiones principales del informe sobre hepatitis C elaborado en junio de 2014 por un grupo de expertos de la AGP.
No obstante, aunque el anuncio de Alonso resulta positivo para Bernal, duda de que este plan pueda resolver por completo la situación de los enfermos. El verdadero escollo, insiste, está en las comunidades autónomas, que siguen aferrándose a las indicaciones que recoge la guía de sanidad para justificar que cumplen con los criterios establecidos. El primer paso, en su opinión, sería eliminar este documento y partir de cero.
Las buenas palabras del ministro o del secretario de Sanidad, Rubén Moreno, no son suficientes. Por ahora, la federación no ha tenido noticias de que haya cambios para empezar a aplicar los nuevos tratamientos en los 6.000 pacientes que baraja el ministerio. Para cumplir ese compromiso, asegura Bernal, tendrían que haber empezado a administrarlos ya.
El ministro asegura que las presiones interfieren en las negociaciones en marcha sobre nuevos fármacos
El PSOE insiste en que el plan debe asegurarse con una partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria