Es la primera vez que un ministro de Salud británico admite los problemas financieros a los que se enfrenta el National Health Service (NHS). Con esta frase, el Daily Mail, el segundo tabloide más leído de Gran Bretaña, contextualizaba la semana pasada la confesión de Norman Lamb, que ha alertado de que de seguir así, a finales de esta década serán necesarios cerca de 38.000 millones de euros más al año para mantener el nivel actual de prestaciones. Todo ello, a pesar de la polémica reforma del NHS aprobada en marzo de 2012. La cifra se aproxima a los 30.000 millones de euros que los autores del Informe Cronos (ver GM, nº508) estiman que precisará el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la misma fecha si no se afronta de manera decidida el reto de la cronicidad.
Sin embargo, la sinceridad del ministro no ha caído bien en su propio gobierno. El secretario de Salud, Jeremy Hunt, tal y como recoge el periódico inglés, ha negado que exista ningún “agujero negro” y ha asegurado que el gobierno está tratando de ahorrar y de contener la demanda creciente.
Aún así, los recelos de Lamb son compartidos por buena parte de los profesionales, que, en una carta remitida al Times, suscriben esta estimación y admiten que todas las opciones financieras son difíciles desde el punto de vista político: subida de impuestos, copagos o cambios en las prestaciones. Los presidentes de algunos colegios de médicos y profesionales de atención primaria, que están entre las organizaciones firmantes, hacen un llamamiento al diálogo “abierto y honesto” sobre el tema, y añaden que incluso puede ser necesario el análisis de medidas sumamente impopulares, como el cierre de hospitales. También saben que es vital reforzar la productividad del sistema para evitar una situación que tendrá repercusiones directas en los pacientes, que ya empiezan a sufrir retrasos en la atención a las urgencias, por ejemplo, mientras se siguen financiando un buen número de intervenciones de cirugía estética al año.
Tensiones universales
Las tensiones del NHS son sólo un ejemplo del reflejo de la situación económica y los desafíos que representan factores como el envejecimiento y la cronicidad en los países desarrollados. Con independencia del porcentaje de gasto del Producto Interior Bruto (PIB) que se aplique, las informaciones sobre el aumento de los tiempos de espera o la saturación de las urgencias son un denominador común en los medios. En este sentido, Julián García Vargas, economista y ex ministro de Sanidad asegura que, desde su experiencia como gestor, la sensación de que sería necesario “un punto más del PIB” para alcanzar la suficiencia financiera es universal. Eso sí, admite que si, llegado el caso, se dispusiera de esa financiación adicional habría que decidir si es preciso destinarla a la sanidad, y no a otras áreas prioritarias, en su opinión, como erradicar la pobreza o mejorar la educación.
Según García Vargas, en realidad el mensaje del ministro inglés enlaza con ese ansiado uno por ciento de la riqueza nacional. No en vano, los cerca de 38.000 millones de euros representarían alrededor del 1,5 por ciento de su PIB. Aunque el ex ministro reconoce que, en comparación con países parecidos como Francia o Canadá, que gastan alrededor del 10 por ciento frente al 9,3 británico, el esfuerzo es ligeramente menor, la principal diferencia con la situación española es el peso del gasto privado.
“Siete millones de españoles tienen un seguro privado de salud, frente a los cerca de 3,5 millones de británicos con pólizas privadas”, asegura. De este modo, es mayor el número de ciudadanos que “descargan” la sanidad en España que en Reino Unido. Parte de su receta para afrontar los desequilibrios pasa por mejorar la coordinación de gasto público y privado. El camino debería estar abierto en una dirección doble y contemplar escenarios como, por ejemplo, decidir quién invierte en una nueva tecnología en cada caso y facilitar la posibilidad de que de un hospital público tenga acceso a un dispositivo de un hospital privado y, al revés.
Lo que sí nos diferencia, en opinión del ex ministro, es el peso de las recomendaciones de los especialistas. Las conclusiones del informe Griffiths, encargado por la primera ministra británica, Margaret Thatcher cuando en los años ochenta planteó la posibilidad de privatizar el sistema sanitario, le hicieron desistir en su intento. El informe Abril, encargado a imagen de este documento tras conocer la experiencia inglesa durante una visita del empresario británico a nuestro país por invitación del gobierno español, “se guardó en los cajones de mala manera”.
García Vargas cree que el gobierno británico, que contempla realizar un nuevo informe veinte años después, terminará por hacerlo, y adoptará, al menos en parte, las aportaciones independientes. En España, duda de que se lleve a cabo algo parecido y, sobre todo, de que tenga alguna repercusión en el sistema sanitario.
Sin “apriorismos políticos”
Para Jaume Puig Junoy, profesor del Departamento de Economía y Empresa del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, hay importantes paralelismos en ambas situaciones. El experto recuerda que el gasto público español en sanidad, ateniéndose al nivel de renta de nuestro país, “es sólo ligeramente inferior al que tendría otro país europeo con nuestro nivel de renta, incluido el Reino Unido”.
Asimismo, recalca que si hay voluntad de hacer un esfuerzo adicional para financiar mejor la sanidad pública española hay que hacerlo de forma responsable “y lejos de apriorismos políticos, algo que el NHS británico viene intentando desde hace dos décadas”.
De entrada, conviene tener en cuenta el coste de oportunidad: más financiación para la sanidad pública implica menos para otros servicios públicos o bien mayor presión fiscal. Además, subraya que el valor de la necesidad de más gasto sanitario depende de la relación entre el coste y la efectividad de la atención que se financie, por lo que habría que dar respuesta a esta pregunta: “¿vale lo que cuesta la atención adicional?”.
Puig Junoy está convencido de que el NHS británico con el NICE “nos lleva dos décadas de ventaja tratando de poner orden en las prestaciones que financia en base al mejor conocimiento disponible sobre eficacia y sobre la relación coste-efectividad”. Es la clave de la sostenibilidad de los sistemas de salud universales y financiados mayoritariamente con impuestos, insiste.
Copagos y productividad
Con respecto a las medidas contempladas por los expertos británicos, el economista recuerda que, por ejemplo, el papel de los copagos es marginal en el Reino Unido y limitado a los medicamentos, como en España. “Sin que deba ser un elemento central ni del debate sanitario ni de la financiación”, si se sabe gestionar puede ser un instrumento para poner orden en el acceso a las prestaciones, siempre y cuando se evite convertirlo en una barrera de acceso.
La opción serían copagos muy reducidos o nulos para los tratamientos más necesarios y efectivos, basados en el valor; un límite máximo al copago que puede soportar un individuo; exenciones para niños y jovenes más que para personas mayores; y copagos evitables en los que se paga el precio adicional de una prestación que tiene un coste superior a otra igualmente efectiva.
La mejora de la productividad también es un objetivo aplicable a nuestro país, donde según Puig Junoy podría pasar por dos puntos. Alinear la financiación con los resultados y la financiación selectiva de prestaciones según el valor en salud, al estilo de la lista británica “not to do”, o el famoso NICE.
Según García Vargas, los gestores comparten la idea de que “un punto más del PIB” resolvería sus dificultades
Puig Junoy recuerda que el NHS “nos lleva dos décadas de ventaja” tratando de ordenar las prestaciones con criterio
