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Aunque los enfermeros serán los primeros en concentrarse de forma unitaria ante el Ministerio de Sanidad el próximo 26 de mayo para reclamar a las autoridades que acabe con el “deterioro progresivo” que está sufriendo el Sistema Nacional de Salud, las medidas que están dando a conocer las Administraciones nacional y autonómicas sigue avivando la llama para que el conflicto se extienda también al ámbito médico. Sindicatos, colegios y sociedades rechazan de plano el recorte de las prestaciones por Incapacidad Temporal (IT), la integración de cupo y zona y la estatutarización obligatoria, así como el “mercado ambulante de propuestas” que, según lo ha definido Metges de Cataluña, se traen los ejecutivos autonómicos.
Es el caso de Baleares, donde las decisiones adoptadas por el Gobierno para adaptarse a la reducción del déficit —entre ellas el cierre de dos hospitales, el cese de un buen número de interinos o el cierre de los centros de salud por las tardes— han provocado la reacción inmediata de la oposición política y los profesionales. Así, los socialistas han pedido la comparecencia urgente en el Parlamento del presidente José Ramón Bauzá, el sindicato médico ha alertado del impacto que tendrán para la calidad asistencial y las centrales CC.OO. y UGT han advertido de que supondrá el cese de unos 2.000 trabajadores.
También los facultativos de primaria del Servicio Extremeño de Salud (SES) sufrirán un recorte del complemento de 200 euros que hasta ahora recibían por trabajar una tarde a la semana tras implantar el aumento de la jornada semanal de 35 a 37,5 horas. Además, todos los médicos verán reducido a la mitad el complemento de carrera profesional en todos los niveles, según ha explicado el consejero de Sanidad, Javier Fernández Perianes, en la reunión mantenida con el sindicato médico CESM, que no descarta un convocatoria de huelga, aunque esta decisión la tomarán los profesionales en las asambleas informativas tiene previstas.
Por ahora, el paro previsto para el 24 de mayo sí ha quedado en suspenso en Castilla-La Mancha, una vez que el servicio regional de salud ha dado un paso adelante para retomar las negociaciones, aunque la desconvocatoria dependerá de cómo se desarrollen éstas. El sindicato CESM quiere debatir la aplicación de las 37,5 horas semanales y del Plan Concilia para que no se “discrimine” a estos profesionales respecto a otros funcionarios, además de conocer qué va a pasar con el personal estatutario y los interinos si se privatizan hospitales en la comunidad, ante lo que reclaman “estabilidad y seguridad” laboral.
Publicada en Castilla y León
Esta ampliación de la jornada es oficial también en Castilla y León —la orden ya ha sido publicada— donde las horas adicionales serán, con carácter general, de un mínimo de diez y serán aplicadas por las direcciones de cada centro e institución según sus necesidades asistenciales —podrán incluir actividad a demanda, programada y urgente—, aunque la consejería mantiene las conversaciones con los sindicatos para consensuar la forma concreta en la que se pondrá en marcha.
Mientras tanto, esta regulación de esta jornada sigue siendo objeto de negociación en la mesa sectorial de la Sanidad madrileña que está evaluando su puesta en práctica, tras la aprobación de una resolución que es “provisional” para el sindicato médico Amyts, que ha advertido que sólo mantendrá su apoyo si la Administración respeta lo acordado y no opta por recortar los salarios en lugar de ampliar el horario, como indicaban algunas instrucciones
