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investigación/ La viabilidad del programa para los próximos tres años le costará a Cataluña 800.000 euros, mientras que le reportará 8 millones

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Antonio Luis Andréu, del ISCIII, cuestiona que los hospitales implementen políticas proactivas para el desarrollo de la carrera investigadora

Plantea que el ISCIII haga un estudio de indicadores de transferencia del Miguel Servet al SNS por el impacto económico en la cartera de servicios

| 2010-07-23T16:33:00+02:00 h |

josé garcía

El Escorial (Madrid)

El mantenimiento y viabilidad del programa Miguel Servet durante los próximos tres años supondrá a Cataluña, una de las comunidades que más investigadores absorbe, unos 800.000 euros. Ahora bien, los retornos directos e indirectos que atraerá para la región se estiman en 8 millones de euros. “Son cifras autoexplicativas para que los responsables políticos se den cuenta de que están haciendo negocio con el programa Miguel Servet”. Así de contundente se mostró la semana pasada Antonio Luis Andréu, coordinador de la Comisión Técnica de Evaluación de Recursos Humanos del Instituto de Salud Carlos III, durante el curso de verano de la UCMLas acciones de dinamización y el programa de estabilización de investigadores en la Acción Estratégica de Salud”.

Con estos datos en la mano, Andréu es partidario de que el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) realice un estudio de indicadores de transferencia al Sistema Nacional de Salud (SNS) que está haciendo el programa Miguel Servet porque, según explicó, los investigadores de este programa “están generando nuevos procedimientos, patentes o kit diagnósticos que están incidiendo directamente sobre la cartera de servicios del SNS”. “Los investigadores están transfiriendo y eso tiene un coste en la calidad asistencial de los pacientes y una repercusión económica en la cartera de servicios”, insistió. Para Andréu, en el SNS se considera la investigación fundamental, pero luego no se entiende ni se integra como parte del proceso asistencial, y los recursos se destinan a la asistencia.

Además de instar a que se resuelvan las disfunciones entre los centros que solicitan el Miguel Servet y las comunidades, Andréu reveló que existe un porcentaje de hospitales “disfuncionales” y criticó que haya centros de gran prestigio en España que no han querido apoyar el programa Miguel Servet, de ahí que se permita la movilidad dentro de las autonomías. “Puedo dar ejemplos de investigadores en una situación tremendamente disfuncional en un hospital que al cambiar a otro el problema se ha solucionado”, explicó. Aseguró que los investigadores del Miguel Servet luchan por hacerlo lo mejor posible, pero cuestionó que los hospitales desarrollen políticas proactivas de desarrollo de la carrera investigadora.

Pacto de Estado

Josep M. Arán, investigador estabilizado en el Centro de Genética Médica y Molecular del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, exigió un Pacto de Estado con la carrera investigadora para no estar sujetos “a los vaivenes económicos” de las administaciones. Según expuso, la actual carrera investigadora es precaria e inestable, lo que provoca ‘burn-out’ entre los profesionales. ¿Los responsables de desarrollar la carrera? Los centros de acogida, las comunidades autónomas y el Gobierno central. Sobre los primeros, y en su caso particular, destacó como positivo las instalaciones, los servicios auxiliares y administrativos (OTRI, compras, informática, comunicación, servicios generales, prevención…) y como negativo, la inestabilidad de la dirección científica que origina una falta de planificación y objetivos concretos. En este punto, reclamó para los investigadores noveles un start-up y técnicos de apoyo, y denunció la nula capacidad de retención de estos profesionales y la poca transparencia en la distribución de overheads.

De las comunidades autónomas, resaltó como positivo los convenios con el ISCIII, aunque matizó que aquí el mérito es más de este último que de las autonomías, y como negativo, la escasa implicación en la creación de una política general de recursos humanos, la inexistencia de programas de contratación y la connivencia con las instituciones sanitarias receptoras.

Sobre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el ISCIII, agradeció la potenciación de los recursos humanos y la carrera investigadora a través del apoyo a la I+D+i biomédica de calidad, la creación de una masa crítica de investigadores, el soporte y la consolidación de unidades de investigación en el ámbito hospitalario, la facilitación de la integración en los centros de acogida y el mantenimiento del principo de excelencia en las evaluaciones. Ahora bien, —aclaró Arán— aún hay margen de maniobra y se necesita una mayor aportación presupuestaria para recursos humanos, sobre todo para los investigadores noveles, y garantizar el compromiso de los centros de crear antes de que finalice el contrato puestos de trabajo permanentes con un perfil adecuado a las plazas abiertas.

El futuro preocupa a los investigadores intensificados. Y las perspectivas, auguró Arán, pasan por la Ley de la Ciencia, en trámite parlamentario, que tiende a una carrera estable y predecible, basada en el mérito y reconomiento social y apuesta por la movilidad y la defensa de la propiedad intelectual e industrial, y la Carta Europea del Investigador, un código de conducta para la contratación de investigadores.

Al hilo, Laura García Bermejo, investigadora intensificada del aún pendiente de acreditar Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, lamentó que en los pasillos de los hospitales se escuchen argumentos como: “Nos mantendrán aunque sólo sea por imagen”. “No nos pueden mantener sólo por imagen. Somos una actividad productiva más porque damos rendimiento”, dijo, y reivindicó invertir en formación y generación de resultados para que España sea realmente competitiva.

Aplicabilidad

Esta bióloga celular empezó a trabajar en el Ramón y Cajal en 2001 con un contrato FIS, los actuales Miguel Servet. “Fue importante hacer labores de visibilidad en el hospital. Había que vender que ibas a ser útil, y eso modificó las líneas de investigación hacia proyectos más aplicados”, recordó, “incluso tenemos una solicitud de patente sobre un nuevo método de diagnóstico de daño renal”. “Estamos consiguiendo tener aplicabilidad en la clínica y eso es básico en un hospital cuya prioridad es la asistencia”, sentenció.

García Bermejo considera fundamental que exista conexión entre básicos y clínicos. “El básico se acerca al clínico y le dice: yo tengo este modelo experimetnal y tú los pacientes. ¿Por qué no miramos unas muestras? En ese momento, pasas del desconocimiento y puedes llegar a la colaboración. Te das cuenta de que tus cosas pueden tener aplicabilidad, y el clínico, de que con tus técnicas y utilizando su capacidad de discriminación es capaz de conocer mejor las patologías. Es ahí cuando surge el equipo multidisciplinar para hacer una investigación traslacional real”.

Las acciones intramurales de colaboración entre básicos y clínicos para las que en el Ramón y Cajal se utilizan overheads, el servicio de biobanco, el nodo de innovación que ayudará a trasladar los conocimientos a la industria farmacéutica, y el Caiber son claves, según García Bermejo, para lograr el escenario ideal de asistencia, investigación, innovación y desarrollo. Y la investigadora se ha atrevido a dar el salto a la I+D y está intentando montar en el Ramón y Cajal una unidad de diagnóstico experimental por miRNAs de referencia, que tendrá su aplicabilidad en oncología, patologías infecciosas y vasculares, predictores de preeclampsia, etc. Si finalmente la unidad no sale adelante, la investigadora ya tiene un plan B: una spin-off que permita desarrollar estos proyectos y tengan aplicabilidad en contacto con la industria farmacéutica. “Los kit diagnósticos tendrían asegurado ya un mercado, ya que los clínicos nos lo demandan”, concluyó.

Ajustes con la Ley de Ciencia

La nueva Ley de la Ciencia y la reforma laboral acortarán la carrera investigadora, ya que implicará reajustes temporales en los contratos Sara Borrell y Miguel Servet. “Ahora tenemos un programa predoctoral y otro posdoctoral de cuatro años y un tercero de desarrollo de contrato de seis. Son 14 años poslicenciatura. Los investigadores no pueden estabilizarse a los 40 años”, señala Andréu. Los programas se comprimirán para que el profesional llegue a su máximo periodo productivo a los 35-36 años. Asimismo, se estudiarán salidas alternativas a la carrera. “En un ejercicio, no todo el mundo puede ser general. Tendrá que haber una graduación de soldado”.