S.P. Madrid | viernes, 04 de abril de 2014 h |

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) solicitó en el último Pleno a la presidenta, Sonia López Arribas, que justifique alrededor de 9.000 euros en gastos de representación. El enfrentamiento ha llegado a tales términos que en la reunión del pasado lunes, la presidenta llamó a la Policía, que acabó acudiendo a la sede colegial.

Uno de las causas del nerviosismo de la presidenta podrían ser estas facturas sin justificar y que la ejecutiva de la corporación le viene reclamando desde hace aproximadamente ocho meses. La vicepresidenta del Icomem, Ana Sánchez Atrio, ha explicado a este periódico que la Junta emprenderá “acciones legales si no justifica estos gastos”.

No sería la primera vez que esto ocurre. Ya el pasado febrero, siete de los ocho miembros del equipo directivo decidieron acudir a los tribunales después de que recabaran evidencias de que la presidenta estaba compartiendo secretos oficiales con miembros de la candidatura de Miguel Ángel Sánchez Chillón y con personas ajenas al colegio.

López Arribas de momento se ha negado a desglosar esta cantidad cercana a los 9.000 euros y ha alegado la ley de protección de datos para rechazar esta petición, según explica Sánchez Atrio, quien lamenta que la presidenta no haya “firmado ningún acuerdo de Junta desde el pasado 30 de diciembre, lo cual es una dejación de sus funciones”.

La vicepresidenta subraya que la negativa de la presidenta supone un entorpecimiento del funcionamiento del colegio y advierte de que lo ocurrido el pasado lunes “forma parte de una trama de hostigamiento clarísima contra los miembros de la Junta Directiva”, relata

Contratos y convenios

En el último mes, el colegio ha sido centro de las críticas por el contrato firmado con una agencia de comunicación y el convenio firmado con el Colegio de Abogados de Madrid. Sánchez Atrio ha insistido en la legalidad de ambos acuerdos. “No hemos firmado nada que no esté analizado por la asesoría jurídica”.

Con respecto al acuerdo del colegio de abogados ha negado que vaya a suponer un incremento de la cuota colegial. “Los costes serán sufragados por las personas que solicitan la mediación de los colegiados”. Sánchez Atrio explica que el convenio fue aprobado en Junta por unanimidad y que la firma tuvo que posponerse en dos ocasiones por problemas de agenda de la presidenta. Ante un nuevo imprevisto, la vicepresidenta rubricó el pacto, una posibilidad que permiten los estatutos. “Posiblemente este convenio sea el más importante del colegio en el último año”, alega.

Ante esta situación de dudas alrededor del colegio, Atrio insiste en la importancia del papel que desempeña, como ha demostrado este acuerdo para favorecer la mediación. Al tiempo que se han tomado otras iniciativas como la formación o la protección social.