La posible sanción de la Comisión Europea a España por el incumplimiento del déficit ha generado incertidumbre en el sistema sanitario a pesar de que el Gobierno ha trasladado el mensaje de que en ningún caso implicará nuevos recortes. El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, acudió la semana pasada a Bruselas para explicar a sus homólogos europeos las medidas que llevará cabo el Ejecutivo para alcanzar el objetivo en 2016. La más importante consiste en un incremento del impuesto de sociedades que permitiría al Estado aumentar los ingresos.
Aún no se ha confirmado la cuantía de la multa. En el peor de los escenarios podría alcanzar el 0,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), en torno a 2.000 millones de euros. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, no descartó tampoco la posibilidad de que no haya multa económica y que en su lugar se impongan a España unas medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de déficit en 2016. La decisión definitiva se conocerá dentro de dos semanas.
Economistas de la salud consultados por este periódico insisten en que el Sistema Nacional de Salud ya ha tocado suelo y ante esta situación no deberían producirse nuevos recortes. “El gasto se puede presionar hasta cierto punto y ya hemos llegado a él”, explica Juan Oliva, profesor de Análisis Económico e investigador del Seminario de Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. El experto en economía de la salud Lluis Bohígas considera que “los anteriores ajustes (cerca del 12 por ciento) han sido muy graves y han dejado al SNS en una situación extremadamente delicada; un nuevo recorte sería fatal”.
El problema, a juicio de Oliva, se encuentra en el actual sistema tributario: “Estamos a ocho puntos de la media de ingresos tributarios que recaudan los países de la Unión Europea Si el Estado ingresara la media europea contaríamos con 80.000 millones de euros para destinar a gasto público”.
Incrementos a medio plazo
Ante esta situación, las comunidades autónomas han llevado a cabo importantes planes de ajuste en los últimos años. La tendencia podría cambiar de dirección a medio plazo. “El escenario es que el gasto sanitario aumente si mantenemos la misma cartera de servicios”, subraya Oliva. De momento, las regiones han previsto en sus planes económico financieros remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ligeros aumentos presupuestarios y en algunos casos pequeños recortes. Un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advertía de que el gasto sanitario aumentará un cuatro por ciento hasta 2019.
Si finalmente Bruselas opta por imponer una multa de 2.000 millones, “el 15 y el 20 por ciento” de esta cantidad podría impactar en el presupuesto sanitario, según señala Salvador Peiró, subdirector general de Investigación e Innovación en Salud de la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública del Gobierno Valenciano. “Es una cantidad que hace daño, pero no destroza”, afirma el experto.
La multa significaría la retención de una parte de los fondos estructurales correspondientes a 2017. La pata de investigación, desarrollo e innovación resultaría especialmente afectada. Estas aportaciones se dividen en varias áreas. “Los Feder y el Fondo Social Europeo (FSE) financian por ejemplo los programas de investigación de la Acción Estratégica en Salud, como los Ciber, Redes o proyectos FIS, y también aspectos de compra pública innovadora”, destaca Peiró.
Los fondos Feder asignados directamente a las comunidades autónomas “se concentran también en partidas de I+D+i en biomedicina y salud, así que es probable que la investigación sanitaria se resintiera mucho más que la asistencia”, subraya.
Medidas para controlar el déficit
La otra opción que maneja Bruselas es evitar la multa e imponer una serie de condiciones para que España pueda cumplir con el objetivo de déficit en 2016. El informe de Airef alertaba hace dos semanas de que seis comunidades autónomas se encuentran en riesgo de no alcanzar esta meta, con lo que pondrán en riesgo las previsiones de todo el país. Una de las medidas que podría imponer Bruselas sería “ la selección de medicamentos y tecnologías sanitarias bajo parámetros de eficiencia para la financiación y la fijación de precios”, explica Oliva. “Es una medida que aparece en todos los informes de la Comisión Europea sobre España”, añade.
Durante su intervención ante los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, De Guindos hizo también referencia al instrumento de sostenibilidad para contener el gasto sanitario en el futuro. La mayoría de las regiones se han adherido a este plan, aunque ninguna de ellas ha valorado sus efectos en los planes económico financieros.
El control del gasto farmacéutico se ha convertido en uno de las principales preocupaciones del ministerio de Sanidad y del Gobierno. Ya el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, señaló que la adquisición de los medicamentos contra la hepatitis C había sido una de las causas del incumplimiento del déficit el pasado año. El año pasado el gasto de las comunidades autónomas ascendió a 1.094 millones de euros para la compra de estos medicamentos.
Este año el Gobierno ha previsto un máximo de 700 millones de euros para la compra de fármacos para el tratamiento de la hepatitis C. La cifra se encuentra en la línea de la que previó Airef a comienzos de este año.
15-20%
de la posible sanción
de 2.000 podría afectar directamente a sanidad, en caso de que finalmente Bruselas decida congelar parte de los fondos estructurales. Si la Comisión Europea opta por imponer a España esta sanción, que correspondería al 0,2 por ciento de su PIB, la I+D+i sería la principal perjudicada, mientras que la parte asistencial no sufriría tanto los efectos de esta medida, según explica el subdirector general de Investigación e Innovación en Salud de la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de Valencia, Salvador Peiró.
