Qué alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid podría abandonar su puesto en el plazo de unas semanas? ¿Qué otro alto cargo de este departamento critica su gestión ante los agentes del sector?
Qué candidato al Colegio de Médicos de Madrid busca granjearse el apoyo de la Consejería para suceder a Fariña?
Qué sociedad científica ha empezado a recibir favores políticos por parte de una Consejería a la que apoyó, y que no va a sufrir cambios tras estas elecciones?
Qué laboratorios recelan del dinero que han aportado a una sociedad científica tras conocerse abundantes detalles sobre lo que se oculta tras la misma?
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Cunde la preocupación entre los profesionales sanitarios acerca de otra probable rebaja de salarios en toda España, lo que resulta muy razonable. Sin embargo, lejos de los rumores que vienen circulando al respecto durante las últimas semanas entre los diferentes cuerpos de funcionarios del Estado, el Gobierno no contempla aplicar por el momento el recorte por una razón meramente electoralista: una nueva reducción de la masa salarial de los empleados públicos supondría la puntilla definitiva para un hundido PSOE en las generales del próximo año. Pese a ello, agua lleva el río cuando tanto suena. Hace meses, el Ejecutivo estudió la posibilidad de ejecutar un nuevo tijeretazo ante el claro agotamiento de las cuentas públicas, las fuertes tensiones financieras y la presión de Europa. Elena Salgado y su equipo de técnicos económicos descartaron tal iniciativa, en parte por la llegada de las autonómicas y municipales, y en parte con la convicción de que las Administraciones públicas de todo el país podrían obtener fondos de otros lados para exhibir con ellas unas estadísticas fiables ante la UE, y evitar así injerencias.
Sea como sea, lo cierto es que el hecho de que el Gobierno haya cerrado por ahora la puerta al recorte de las retribuciones no significa que éste no vaya a producirse. La bancarrota de Grecia, las dudas de las instancias internacionales sobre la realidad de los cuadros macroeconómicos expuestos por varios países, y el déficit oculto que aflorará tras los pertinentes relevos en los Gobiernos autonómicos, que algunos expertos cifran en hasta 50.000 millones, amén de la agónica situación de las principales estadísticas, volverán a poner en el disparadero a España, país objeto de la vigilancia estrecha de los especuladores una vez caídas las barreras de Portugal, Irlanda y la propia Grecia. El debate puede volver así a reabrirse a la vuelta del verano.
A estas alturas, resulta obvio que España no puede permitirse el lujo de pagar a todos los funcionarios que tiene. Pero también lo es que tampoco puede pagar menos de lo que ya paga a algunos cuerpos. El caso de los médicos, enfermeras y demás sanitarios es el mejor ejemplo. Sujetos a una presión asistencial agobiante por el goteo de recortes de plantilla, los profesionales del sector no soportarían una nueva bajada salarial, porque en caso de que se produjera, el efecto lógico sería una fuga hacia otros países de la UE, lo que implicaría un deterioro considerable de la calidad de la atención en España. Si Alemania ha iniciado ya un casting de ingenieros en nuestro país para obtenerlos a golpe de talonario, resulta lógico pensar que también podría suceder lo mismo con los sanitarios.
Una de las claves que impedirán que este escenario ocurra en los próximos meses es la venta de las empresas públicas, el último balón de oxígeno del que dispone el Gobierno para enjugar el déficit y ganar tiempo. Pero la evolución de los datos económicos en España, las negras perspectivas que han lanzado todo tipo de organismos internacionales y el dudoso rumbo del país, que ahuyenta a los inversores, pueden diluir rápido el efecto de las privatizaciones a las que se aferra el Ejecutivo. La aterradora situación de nuestro país, ocultada por las autoridades políticas, no invita precisamente al optimismo en un sector especialmente golpeado por la ineficiencia gestora y la miopía de varios Ministerios, con el de Sanidad a la cabeza.
