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No sólo los profesionales han rechazado de pleno la imposición de la tasa de un euro por receta médica que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha el 1 de enero de 2013 —a imagen y semejanza de Cataluña, donde está en funcionamiento desde el pasado junio—, sino que la propia cúpula del Partido Popular no se ha mostrado de acuerdo con este gravamen.
Al menos así lo han asegurado tanto el presidente del Gobierno —afirmando que “no le gusta”, en una entrevista concedida a la Cadena COPE— como la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Pleno del Senado, anunciando ambos que dialogarán con el presidente madrileño, Ignacio González, para encontrar una solución antes de que la medida sea aprobada por el Parlamento regional, de la misma forma que mantienen abierta la vía de negociación para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo catalán antes de final de año.
De no conseguirlo, no dudarán en interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) ya que Rajoy considera que “no se puede pagar dos veces por lo mismo” pues el país ya cuenta con un sistema acordado por todas las regiones según el que se paga la receta en función de la renta, generando en su opinión, un “ahorro” para el contribuyente, pues implica un mejor uso de su dinero.
Dudas competenciales
También el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha remarcado que su grupo parlamentario es contrario a una medida que, en rueda de prensa tras la última reunión de la Junta de Portavoces, ha tachado de “injusta”, exponiendo además sus dudas sobre las competencias que tienen las comunidades autónomas para implantarlo. Sin embargo, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dudado de que el Gobierno vaya a recurrir la tasa aunque, si finalmente lo hace, aplaudirá una actuación “coherente” con sus compromisos electorales.
Tampoco la mayoría de las regiones, independientemente de su color político, parecen apoyar las bondades del euro por receta que está “absolutamente descartado” en Extremadura, según su consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, y que ha sido calificado de “disparate, injusto y sin sentido” por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Su homóloga castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, no lo ve necesario en su comunidad, mientras que el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez, ni siquiera lo ha planteado en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2013 y la Xunta de Galicia, que no se ha mostrado a ni favor ni en contra de la medida, ha asegurado que sólo adoptará las decisiones pactadas con el Gobierno central.
“No es necesario”
El Ejecutivo aragonés ha afirmado que no es el modelo que defiende, pero tanto Murcia como Cantabria se han limitado a afirmar que no lo aplicarán “de momento” pues el presidente de la última no descarta hacerlo en caso de que sea “necesario”.
Más taxativas, tanto la consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza, como la portavoz sanitaria del PP en las Islas, Mercedes Roldós, ven necesaria la implantación de esta medida pues consideran que cuentan con otros mecanismos eficaces para ahorrar.