Así lo recoge el Informe enviado a Bruselas con el Programa Nacional de Reformas

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| martes, 01 de mayo de 2012 h |

El Gobierno fijará algunos criterios para que las comunidades puedan mejorar la eficiencia de su gestión sanitaria, entre los que destaca la fijación de un número mínimo de pacientes por médico o servicio, para que “el mismo se mantenga cumpliendo criterios de calidad”. Asimismo, y como ya avanzó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se permitirá a los pacientes la libre elección de centro médico o facultativo.

Así lo asegura el Ejecutivo de Mariano Rajoy en un informe enviado a Bruselas con el Programa Nacional de Roformas aprobado para este año, que incluye el ahorro de más de 7.000 millones de euros en materia de Sanidad. El texto recoge las medidas ya desgranadas hace unas semanas por la ministra Mato, como la modificación del copago farmacéutico, la reforma del aseguramiento en el Sistema Nacional de Salud o la nueva ordenación de la cartera de servicios.

Asimismo, en materia farmacéutica, el Gobierno está dispuesto a garantizar el pronto pago a aquellos laboratorios farmacéuticos y empresas de tecnología sanitaria que participen en las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios por parte de las comunidades.

En esta materia, como ya anunció el Ministerio de Sanidad, se contemplaba la desfinanciación de algunos fármacos, el impulso de los medicamentos genéricos y la centralización de compras para las adquisiciones públicas de medicamentos y productos sanitarios, como ya se hace con las vacunas para la gripe.

No obstante, sobre esto último el Ejecutivo ha avanzado ahora que el objetivo es realizar concursos de compras agregadas y de determinación de precios, que incluyan mecanismos de incentivación para las empresas que participen en dichos concursos.

Esta incentivación se llevará a cabo mediante las garantías del pronto pago, directamente desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las empresas, con posterior reducción de las cuantías abonadas en las trasferencias de las comunidades participantes.

El objetivo, según explica el Ejecutivo en el informe enviado a Bruselas, es “promover una mayor eficiencia por la bajada de precios como contraprestación a la garantía de pronto pago”.