| lunes, 20 de septiembre de 2010 h |

Redacción, RSC

El reconocimiento de la economía social en España es cada vez más palpable. El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de Ley de Economía Social que supone un importante estímulo para este tipo de organizaciones. Así, la norma reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones más representativas. Y, lo que es más importante, su aprobación da respuesta a una de las demandas históricas de este sector: la homogeneización mediante una norma de los principios básicos del sector, pero desde el respeto a la diversidad de entidades que conviven bajo ese denominador común.

El objetivo de la norma es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector. De esta forma, configura un marco jurídico único para un sector que representa el 3 por ciento del PIB y que se sitúa en torno a 1.350.000 empleados; sin olvidar que la economía social supone el ejercicio de actividad económica y empresarial en el ámbito privado mediante la asociación de personas que, conforme a unos principios participativos y sociales, encaminan su acción al interés colectivo de sus miembros, así como al general.

Estas organizaciones se guían por una serie de principios, entre los que siempre priman las personas y el fin social sobre el capital. También aplican los resultados en función del trabajo y servicio prestado por los socios, se comprometen con el desarrollo local, la cohesión y la estabilidad, y son independientes del sector respecto a los poderes públicos.

La importancia de la existencia de asociaciones que representen a la economía social también está reconocida en el proyecto de ley que, a su vez, da un papel destacado a las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas. Estas confederaciones serán aquellas que agrupen a la mayoría de este tipo de entidades y tengan, al menos, el 25 por ciento del total de las entidades o empresas asociadas directamente o a través de organizaciones intermedias de las confederaciones de economía social que concurran al procedimiento de representatividad. Asimismo, deberán reunir, al menos, el 15 por ciento de entidades asociadas a las diferentes organizaciones de cada tipo señalado.

Consejo para el Fomento de la Economía social

Además, mediante el proyecto de ley se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor consultivo para las actividades relacionadas con el sector. En él estarán representadas las administraciones públicas y las entidades de la economía social, por medio de la confederación intersectorial más representativa; así como aquellas representativas del sector no integradas en dicha confederación.

Por otro lado, para compatibilizar las exigencias de la Ley de Economía Sostenible con los recortes, Cataluña, Asturias, Navarra, Baleares y Galicia han anunciado un proyecto común con el que pretenden aunar sinergias llamado “Acelerando la RSE en las empresas públicas”, que pretende estudiar y difundir los principales desafíos de estas entidades en la integración de la RSE dentro de sus sistemas de gestión.