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El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes relativas al Sistema Nacional de Salud, por vulneración de principios constitucionales e invasión de competencias autonómicas.
A juicio del Gobierno andaluz, el artículo 1 de la norma estatal cambia el concepto de ciudadanos con derecho a la salud por el de asegurados o beneficiarios, atentando así contra uno de los principios básicos de la Carta Magna, recogido en su artículo 43. Esta alteración afecta a los derechos constitucionales reconocidos y perjudica especialmente a los inmigrantes y a los colectivos más desfavorecidos.
Asimismo, el artículo 1 del Real Decreto-Ley invade competencias de la comunidad autónoma andaluza y vulnera diversos preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía, como los relativos al derecho a la protección de la salud (que se extiende a todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía) o la prohibición de cualquier discriminación en el ejercicio del mismo, “particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículos 12, 14 y 22).
En su acuerdo de autorización del recurso, el Consejo de Gobierno señala que el Real Decreto-Ley elimina el espacio de desarrollo normativo que corresponde a las comunidades autónomas y vulnera las competencias reconocidas en el Estatuto andaluz al centralizar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y control de la condición de beneficiario o asegurado.
Respecto a la prestación farmacéutica, la norma estatal también vulnera la distribución de competencias entre la Administración central (establecimiento de las bases y la coordinación general de la sanidad) y la Comunidad Autónoma, que en virtud del artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía tiene atribuciones exclusivas en materia de regulación de la actividad farmacéutica. En este sentido, el Real Decreto-Ley incluye normas sobre los medicamentos que tiene que dispensar el farmacéutico sin dejar margen para la comunidad autónoma.
Finalmente, el Real Decreto-Ley impacta sobre la organización al establecer que el Estado pueda imponer a las comunidades autónomas, y de forma unilateral, un sistema obligatorio de integración del personal funcionario que presta sus servicios en instituciones sanitarias.
