La respuesta del Gobierno en el conflicto que tiene abierto con la Junta de Andalucía por el asunto de las subastas de medicamentos ha sido clara: en el caso de que la Consejería de Sanidad de esta comunidad autónoma aplique, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), las denominadas subastas de medicamentos suscritas el pasado 19 de marzo con las compañías Vir, Uxafarma, Medinsa y Aurobindo, pondrá los hechos en conocimiento del fiscal general del Estado para que proceda a actuar en consecuencia. Así lo confirmaron a EG fuentes del Ministerio de Sanidad tras el anuncio de la responsable de la Sanidad andaluza, María Jesús Montero, de que desde el pasado 1 de junio se dispensara en las boticas andaluzas nueve de las 13 presentaciones subastadas, “las que coinciden con el precio más bajo”.
Desde el Ministerio de Sanidad se estima que la resolución del Tribunal Constitucional, que suspendió cautelarmente las subastas cinco meses tras aceptar el conflicto positivo de competencia presentado por el Gobierno central contra la resolución por la que la Consejería de Salud de Andalucía anunció la convocatoria para la adjudicación pública de algunos principios activos, “es de obligado cumplimiento, por lo que si la Junta de Andalucía incumple la resolución judicial está incurriendo en desacato a un tribunal y el Gobierno puede poner los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado para que proceda por la vía penal”.
A pesar de esta advertencia, Montero manifestó que las farmacias andaluzas comenzarían a dispensar a partir del 1 de junio los medicamentos seleccionados por el SAS, aquellos que “coinciden con el precio más bajo”, cuando se presente receta por PPA. ¿Por qué nueve de las 13? Porque solo estas presentaciones estarían en precio más bajo, tal y como recogieron las modificaciones del RDL 16/2012.
La consejera de Sanidad andaluza manifestó que esta decisión es “un elemento importante y necesario para reforzar a los laboratorios que apostaron por la eficiencia en nuestra comunidad, y siendo medicamentos que están al precio más bajo son compatibles con la legalidad vigente”. Estas declaraciones fueron consideradas por el Ministerio de Sanidad como eso, “meras declaraciones”.
Por ello, insisten en que Montero “no es la firmante de ninguna resolución, lo es el director gerente del SAS [José Luis Gutiérrez], por lo que son una mera declaración de intenciones cuya efectividad tiene que ser comprobada de forma fehaciente”. Por ello, estimaron que “el Gobierno no debe pronunciarse sobre la calificación de los hechos ya que le corresponde a la Fiscalía”.
Cuestión de plazos
El paso adelante dado por la Junta de Andalucía se sostiene en que creen que la decisión adoptada por el pleno Tribunal Constitucional de suspender de manera cautelar las subastas mientras dirime sobre el fondo del asunto retrotrae la situación al 2 de abril, fecha en la que el Gobierno presentó el recurso, y que el acuerdo del SAS con los laboratorios (Vir, Uxafarma, Medinsa y Aurobindo) se produjo el 19 de marzo, por lo que daría validez a los mismos. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por EG señalan que todas las subastas quedaron paralizadas con la decisión adoptada por el pleno, motivo por el que la Junta de Andalucía no podría ponerlas en vigor el 1 de junio.
Por otro lado, la Consejería de Sanidad de Andalucía manifestó la intención de alegar esa suspensión cautelar, cuyo plazo termina el 7 junio. En este sentido, Montero anunció que se remitirá información para plantear el levantamiento y la suspensión y proceder a nuevas convocatorias.
Los farmacéuticos andaluces quisieron aclarar que la puesta en marcha de las subastas de medicamentos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) “no obedece a ningún acuerdo” con el colectivo, como dio a entender la consejera de Sanidad andaluza, María Jesús Montero. “Somos meros administrados que cumplimos lo que se nos ordena desde la administración”, sostuvo el presidente del Cacof, Antonio Mingorance, quien habló de un conflicto entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en el que los boticarios poco pueden hacer.
En este sentido, el colectivo recibió una comunicación del SAS que decía que las subastas se aplicarían a partir del 1 de junio, pese a la admisión a trámite del conflicto positivo de competencia del Gobierno central. Por tanto, hasta que no les comuniquen lo contrario, entienden que la medida “está vigente”. Ahora, queda por ver cómo se aplica, especialmente, en caso de igualdad a ‘precio más bajo’. Para este supuesto, el SAS remitió a este periódico al Cacof. A este respecto, la patronal Ceofa recordó que en caso de PPA, “como dice el artículo 85 de la Ley de Garantías, deberán dispensar sin más limitaciones que las previstas en ese artículo, entre las que no consta la obligación de dar un medicamento concreto, como al parecer quiere imponer la administración andaluza”.
