roles/ OMC y CESM estudian impugnar los planes de Enfermería Familiar y Pediátrica
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Los médicos creen que primero se deberían haber concretado las competencias
El CGE, tranquilo con un texto que ha recibido el visto bueno de cinco organismos
Los temas de contenido social han protagonizado la última Asamblea del Consejo de Médicos antes de las vacaciones de verano como la elección de los miembros patronos de la Fundación Red de Colegios Solidarios, los actos previstos en Galicia con motivo del Xacobeo’10, el I Premio OMC a la Excelencia Profesional y los preparativos del Campeonato de España de Ciclismo organizado por el Colegio de Médicos de Cuenca. Pero sin duda los protagonistas han sido Ricard Gutiérrez, Serafín Romero y José María Nieto, que han renovado sus cargos como vicepresidente, secretario general y vocal nacional de Medicina Privada por cuenta ajena tras someterse a votación —según marcan los todavía vigentes estatutos— pese a que a los comicios no se han presentado más candidaturas. El representante nacional de Médicos Jubilados, Aurelio Gómez Palacios, del Colegio de Médicos de Murcia, también tomó posesión del cargo para el que fue elegido el 12 de junio. Todos deberán enfrentar en septiembre los retos que marca la actualidad política y social, con los recortes salariales como protagonistas indiscutibles y la ley de colegiación obligatoria que debe desarrollar el Gobierno como el tema profesional de mayor calado, una defensa que probablemente liderarán junto a los enfermeros.
M. RASPAL
Madrid
La capacidad de “liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica de cuidados, pacientes, familias y grupos sociales en el ámbito de la especialidad” que recogen los programas formativos de Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica —publicados el pasado 29 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE)— ha sido puesta en duda por el colectivo médico, que considera esta cuestión lo suficientemente importante para que se especifique un poco más.
Por ello, el Foro de la Profesión Médica acordó en su última reunión pedir a las asesorías jurídicas de dos de las entidades que lo forman, la Organización Médica Colegial (OMC) y del Sindicato de Médicos CESM, que estudien si hay posibilidades de interponer un recurso contencioso-administrativo. Tal y como ha explicado el secretario general de CESM y portavoz del Foro, Patricio Martínez, esta entente médica considera que se está empezando la casa por el tejado pues, en su opinión, antes de que se hubieran producido confusiones de este tipo, se debería haber desarrollado la Ley de las Profesiones Sanitarias (LOPS), estableciendo las competencias de cada profesión que lleva aparejadas, además, unas responsabilidades que “acaban asumiendo siempre los facultativos”. Consideran también que habría sido conveniente contar con un estudio previo de cargas de trabajo en base a los enfermos reales para decidir, dentro de las competencias enfermeras, cuáles pueden asumir. “Tampoco se nos ha dado el pertinente trámite de audiencia. Tenemos el plazo de dos meses para estudiar el tema y en ello estamos. En una primera lectura a los médicos nos pareció que había cosas suficientemente alarmantes para abordarlo”, asegura Martínez.
Fuentes del Consejo de Enfermería aseguran estar muy tranquilos con la legalidad del texto aprobado, ya que ha recibido el visto bueno de cinco organismos diferentes: la Comisión Nacional de Enfermería Familiar, la Comisión Delegada de Enfermería y la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Especialidades de Ciencias de la Salud (Cnecs), la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial y el Gobierno.
Por otra parte, los representantes de los médicos continúan a la espera de que Sanidad les convoque para una reunión tras la protesta del pasado 26 de junio sin que, al cierre de esta edición, tuvieran ninguna fecha cerrada para el encuentro. El secretario general de CESM insiste en que son dos las convocatorias que Jiménez tiene pendientes, pues las organizaciones sindicales llevan tiempo reclamando la puesta en marcha del ámbito de negociación, que está recurrido en los tribunales con opinión favorable de la Audiencia Nacional. “Al final, tendremos que volver a los tribunales para pedir la ejecución de sentencia”, señala.
