Entre abril y mayo, el Gobierno en funciones dejará resuelta la devolución íntegra de la paga extraordinaria de 2012. Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) habían recibido ya el 50 por ciento de esta cantidad y la semana pasada el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se comprometió con la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) a abonar la mitad restante.
No correrán la misma suerte de momento los funcionarios de las comunidades autónomas. Es más, el cumplimiento del déficit y la no disponibilidad de 2.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 podría hacer peligrar los compromisos de los gobiernos autonómicos de abonar parcial o totalmente la paga extraordinaria de 2012 este mismo año. Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CC.OO.), teme que las comunidades no puedan abordar estos compromisos. “Con algunas hemos tenido contactos y nos dicen que van a tener dificultades para llevar a cabo los acuerdos suscritos”, señaló.
La decisión sólo afecta a los 531.324 funcionarios de la AGE, entre los que se encuentran 3.380 profesionales sanitarios que trabajan actualmente en instituciones sanitarias, Seguridad Social, Defensa y Organización Nacional de Trasplantes (ONT), según los datos de plantilla de julio de 2015 del Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas.
Situación de las CC.AA.
El compromiso de Hacienda no es extensible al grueso de los profesionales sanitarios españoles, repartidos entre los servicios de salud de las comunidades autónomas. A día de hoy, Extremadura es la única región que ha liquidado esta deuda con sus funcionarios. Otras autonomías como Comunidad Valenciana, Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra se han comprometido a resolver este mismo año esta deuda. La Diputación Foral salió al paso la semana pasada para advertir de que mantendrá el calendario de pago, pese a las previsiones de ajustes. Otras como Murcia y Asturias han situado su horizonte en 2017.
Las más rezagadas en la actualidad son Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia y País Vasco, que sólo han hecho frente a alrededor de una cuarta parte de la paga extra de 2012. A La Rioja le falta aún la mitad para desembolsar toda la cantidad y se ha comprometido a pagarlo este mismo año. Otras cuatro ya han resuelto el 75 por ciento de la cantidad: Aragón, Asturias, Galicia, y Comunidad de Madrid, según los datos que han facilitado a este periódico los sindicatos Satse y CC.OO. Es decir, 465.212 profesionales de 16 comunidades sanitarias siguen pendientes de recibir entre un 25 y un 75 por ciento de la paga extraordinaria.
Fuentes del sindicato Satse han explicado que “el cobro de la totalidad de la paga extra adeudada ya se debía de haber producido por lo que los profesionales enfermeros demandan ahora son incrementos salariales, después de años en los que los recortes realizados por todas las administraciones públicas les han provocado una perdida de poder adquisitivo de en torno al 30 por ciento”.
Desde que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunció que no se había cumplido el objetivo de déficit comprometido con Bruselas en 2015, las tensiones entre el Gobierno y las comunidades autónomas se ha ido incrementando. El pasado miércoles, el ministro en funciones Cristóbal Montoro suavizó la situación después de situar el objetivo en el 0,7 por ciento, frente al 0,3 por ciento inicialmente marcado por Bruselas. Con tes nueva meta, las comunidades tendrán que hacer un ajuste de en torno a 7.000 millones de euros, en lugar de los 14.000 millones que se preveían para este año. Con estas cifras en la mano, Hacienda explicó a las comunidades que deben tener en cuenta un incremento de 7.400 millones de euros en la financiación autonómica. En breve, Hacienda prevé iniciar las reuniones bilaterales con las regiones para establecer los planes de ajuste, como ya anunció en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El pasado martes, el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, había avanzado en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados que la meta para el conjunto del Estado se situaría en el 3,6 por ciento, frente al 2,8 inicial. Ante las dudas expresadas por los grupos parlamentarios, De Guindos trató de justificar la importancia de cumplir con el nuevo objetivo. “Cuando más en riesgo ha estado en la historia reciente de España el Estado del bienestar ha sido en 2011 y 2012”, cuando el Gobierno encontró dificultades “para pagar las pensiones, la educación y la sanidad”.
465.212
profesionales sanitarios
de los servicios de salud de las comunidades autónomas han cobrado entre un 25 por ciento y un 75 por ciento de la paga extraordinaria correspondiente al ejercicio 2012. La única que ha resuelto esta deuda hasta el momento es Extremadura, mientras que otros cinco gobiernos regionales se han comprometido a hacer lo mismo en 2016. Son Comunidad Valenciana, Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra.
3.380
profesionales
que trabajan en instituciones sanitarias de la Administración General del Estado, la Seguridad Social, Defensa y la Organización Nacional de Trasplantes se beneficiarán de la decisión del Gobierno central de devolver el 100 por 100 de la paga extraordinaria de 2012. La semana pasada se comprometió con el sindicato CSI-F a afrontar este mismo pago en la nómina de este mes de abril.
