España viene de una situación en la que no se ha hecho prácticamente inversión en tecnología sanitaria debido a las dificultades económicas, lo que ha ocasionado que su déficit en infraestructuras sea muy importante, tanto porque no se han creado las necesarias por el incremento de demanda como porque no se han renovado las ya obsoletas, tal y como explica a GM Pedro Lara, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR). En este sentido, confió en que los esfuerzos inversores que requiere esta renovación se vean reflejados en los próximos presupuestos de las comunidades autónomas.
El presidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (Seeic), Jesús Lucinio Manzanares, por su parte, consideró que no se están haciendo esfuerzos ya que no hay constancia de que haya presupuestos finalistas para ello. En este sentido, incidió en la necesidad de que se lleve a cabo un proyecto finalista de las comunidades o pilotado por el propio ministerio para hacer una renovación del parque.
Además, Lara añade que la implantación de esa tecnología es generalmente lenta y con una gran inequidad por comunidades autónomas porque no hay una línea estratégica general que favorezca la implantación ordenada de tecnología en el territorio nacional.
Sea de un modo u otro, según los datos que Fenin recoge en su memoria anual la actividad del sector tecnológico en España a lo largo de 2015 ha mostrado una leve recuperación en su cifra de facturación. El mercado revela una cifra global de facturación de 7.000 millones de euros en 2015, lo que representa un incremento de 1,5 por ciento, respecto al año anterior.
Más allá de este leve repunte, Manzanares cree que aunque el sistema de adquisición está bastante claro y estandarizado, es un modelo “muy obsoleto” que lleva 20 años sin actualizarse.
Evaluación
En lo que respecta a la evaluación de esta tecnología, el presidente de la Seeic echa de menos que haya verdaderas agencias de evaluación y de calificación de tecnología sanitaria, aunque España está regida a nivel europeo por el RD de 2009 de regulación de productos sanitarios, cuya transposición salió para toda Europa pero, en función del país, se aplica de manera diferente. A juicio de Concha Toribio, responsable de la comisión de Acceso al mercado y la economía de la Salud de Fenin, la evaluación debería basarse en un modelo adaptado a las características del sector, es decir, diferente al que actualmente se utiliza y que está dirigido a la evaluación de fármacos. “Debe estar centrado en el contexto y el territorio donde se introduce dicha tecnología”. Si no es así es posible que aparezca una barrera adicional para las empresas del sector, “pudiendo afectar al mercado a través de una reducción de proveedores, un incremento de costes, así como retrasos en el acceso al mercado de la innovación y nuevas tecnologías al sistema sanitario y a los pacientes”, explica Toribio. Además, advierte de que los procesos de evaluación deberían ser más ágiles, ya que el ciclo de vida de las tecnologías es corto y podría afectar a la incorporación de estas tecnologías en el sistema sanitario.
España en Europa
Las cifras europeas en materia de provisión de tecnología son también algo significativas. Como indica Fenin en su memoria, de los 7.000 millones de euros facturados en 2015, 2.335 millones de euros corresponden a las exportaciones realizadas. Esto se traduce en un crecimiento de un seis por ciento respecto al año anterior, cifra que supera en dos puntos el crecimiento medio de las exportaciones que realiza España que no superan el cuatro por ciento.
En cuanto a las importaciones del sector experimentaron un crecimiento del 5,9 por ciento respecto a 2014, alcanzando una facturación de 5.100 millones de euros.
Nueva directiva
En este contexto, los esfuerzos que está haciendo Europa por mejorar estos datos son evidentes. Desde el 2012, la Comisión está trabajando en una nueva directiva, que sustituirá a la actual, y que se aplicará a los productos sanitarios (diagnóstico in vitro e implantes incluidos) con el objetivo de adaptar las normas actuales a los grandes desarrollos tecnológicos que se han producido en este sector en los últimos 20 años. Toribio explica que la idea es incrementar la seguridad de los ciudadanos al utilizar estos productos. En este sentido, se va a realizar la supervisión de los organismos notificadores de los distintos países, así como se solicitarán requisitos adicionales para mostrar las evidencias médicas.
Acciones
Además, los países comunitarios llevan tiempo trabajando en una acción conjunta de evaluación de este modelo. Como explica Toribio, entre las últimas actividades financiadas por la UE se encuentran una serie de proyectos sobre evaluación con una inversión de 12 millones euros para la investigación en la mejora de los métodos de evaluación de tecnologías sanitarias; el desarrollo de una evaluación cualificada en hospitales; el desarrollo metodológico de técnicas de evaluación con otros países de Latinoamérica, Norteamérica o bien, adaptar y desarrollar conceptos y métodos de evaluación para tecnologías complejas.
En este sentido, “se ha invertido una importante cantidad de recursos a través de diferentes iniciativas relacionadas con la evaluación”, reconoce la experta, al tiempo que insiste en la necesidad de la participación del sector en este tipo de iniciativas para poder reconducir la situación.
Sin embargo, para Manzanares el hecho de que la Unión Europea tenga previsto mejorar la coordinación de los estados miembro para mejorar la acción conjunta con una financiación de seis millones de euros supone plantear algunas cuestiones como el cómo y el quién participará, por lo que “está todo por hacer”. Los pasos a dar ahora son buscar centros cualificados y que tengan una capacitación científico-técnica para que se trabaje de la mano de evaluadores médicos para decir qué tecnología es la que interesa. Y es que, a su juicio, se compra más bien a demanda en función de lo que hay en el escaparate sin mirar si es la mejor tecnología, si va a ser después eficiente o lo que va a costar su mantenimiento porque no hay unas agencias de evaluación que controlen las compras.
Sobre este particular, el presidente de la SEOR puso sobre la mesa el concepto coste pues, mientras que el beneficio clínico sí es perfectamente intercambiable entre unos países y otros, el precio de esa tecnología puede ser asumible para Reino Unido o Alemania e inasumible para España o Grecia.
