Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El PSOE tiene a veces comportamientos tan inexplicables como los de los sindicatos que le apoyan. Mientras sus comunidades se desangran económicamente y empiezan a llamar a las puertas del ministerio lamentando su falta de fondos para sostener la asistencia en hospitales y centros de salud, la diputada Pilar Grande va y se alinea con Gaspar Llamazares, apoyando una proposición de ley destinada a “parar los pies a la privatización de la Sanidad, sobre todo en Madrid y Valencia”. Ahí es nada. La iniciativa tiene por objeto revisar la Ley 15/1997 sobre nuevas fórmulas de gestión en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Para los que no lo sepan, baste recordar que dicha norma fue elaborada por el hoy presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía el Insalud, y recibió entonces el apoyo incondicional de las mismas organizaciones sindicales que hoy arremeten con un claro interés político contra Juan José Güemes por levantar de la nada centros hospitalarios de titularidad pública con el auxilio inestimable del sector privado. Es decir, que el PSOE ha decidido ir de la mano de IU en la modificación de una norma que UGT con reservas, CC.OO. y otras organizaciones sindicales, salvo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), dieron por buena, causando entonces la sorpresa en el sector. ¿Será porque necesita el apoyo de Llamazares a los presupuestos?
El PSOE vuelve a la carga pues contra Alcira, Valdemoro y otros hospitales publi-privados mientras calla ante iniciativas similares puestas en marcha en sus comunidades. Guarda silencio, en fin, sobre la autogestión en primaria que Marina Geli mantiene en Cataluña. También lo hace ante la proliferación de mutuas en este territorio, y ante los conciertos con hospitales regidos por empresas privadas que forman parte de la red pública sin que nadie se rasgue las vestiduras. Asimismo, calla sobre lo sucedido en Marbella, sobre los convenios forzados por el Grupo Pascual en Andalucía —revisen cómo se originaron—, sobre las iniciativas baleares de Vicenç Thomàs, o sobre las EBA catalanas o aragonesas que pretende ensayar María Luisa Noeno, como avanzó esta consejera en el último congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).
En un alarde de esquizofrenia sin precedentes, el PSOE vuelve a alejarse de la realidad para tender la mano a un Tomás Gómez que lleva camino de convertirse en Rafael Simancas II, y practica un nuevo ejercicio de demagogia, olvidando que en una España en crisis como la actual, privar a la sanidad pública del auxilio de la privada condenaría a la primera a una muerte sin remedio. Porque en estos momentos de zozobra financiera en los que no hay un euro, cualquier iniciativa mal calculada puede deteriorar aún más el sistema. ¿No constituye un ataque a la sanidad pública, por ejemplo, hurtar a los pacientes indicaciones de fármacos que hasta ahora eran financiadas, como podrían hacer Andalucía y Aragón? ¿No representa un golpe a la línea de flotación de lo público infrafinanciar Muface, alejando a los pacientes de un modelo asegurador cuya virtud principal es la de servir de descarga al ya saturado sistema público? ¿No aleja al paciente del sistema el hecho de que España destine a la Sanidad un punto menos de lo que lo hace la media de la UE?
Lamentablemente, con los presupuestos del Gobierno y el deficiente acuerdo de financiación que pergeñó Salgado en un ejercicio de funambulismo político, decenas de hospitales y centros de salud no habrían podido levantarse en España, y los pacientes habrían quedado privados de ellos? ¿Qué más da quién gestione, si el servicio y el control son públicos y existen controles de calidad? ¿Qué Pacto por la Sanidad va a haber con tanta demagogia?
