CISNS/ Última reunión entre comunidades autónomas y ministerio de Sanidad antes del parón de las vacaciones

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A.L.S/C.R./C.L. Madrid | viernes, 26 de julio de 2013 h |

En un pleno con fuerte presencia mediática debido a la polémica que se ha generado en torno a los los requisitos para acceder a técnicas de reproducción asistida, el Consejo Interterritorial analizó otros asuntos, como la propuesta de que los discapacitados, en función de su renta, no tengan que adelantar dinero por las ortoprótesis, o los avances en la implantación de la e-receta. Sanidad insiste en que todas las comunidades tendrán la suya propia a finales de año, aunque sólo en Canarias, Andalucía, Baleares, Extremadura, Galicia, Cataluña, Cantabria y Navarra está totalmente implantada. El objetivo de la interoperabilidad, sin embargo, pasa por un pilotaje que comenzará en breve.

Más allá, como ya avanzó GM en su anterior número (ver GM nº 476) por primera vez todos los servicios de salud seguirán las mismas pautas en mamografías, en citologías o en cribado neonatal e incorporarán en su cartera el consejo genético y el cribado del cáncer colorrectal. Si bien la aprobación de este último se ha llevado a cabo sin una evaluación del coste que supondrá para las comunidades, Mato subrayó que el proceso “salva vidas”, lo que en todo caso será “más beneficioso que cualquier otra cuestión”.

Desde las entidades científicas y las asociaciones de pacientes, sin embargo, ya se habían hecho cálculos. Según la Alianza para la prevención del cáncer de colon, dar cobertura a toda la población de entre 50 y 69 años costaría 65 millones de euros, sólo el 6 por ciento del coste total estimado para este tipo de cáncer en España. Asimismo, los programas de detección precoz con la prueba de sangre oculta en heces, que cuestan de media dos euros, reducen un tercio la mortalidad por cáncer de colon, lo que podría salvar más de 3.600 vidas al año. La noticia ha sido bien recibida por las asociaciones de pacientes, de hecho, el mismo día que tenía lugar el consejo, la Asociación Española contra el Cáncer entregaba en el ministerio 560.000 firmas para que la prueba de sangre en heces se realice en las comunidades a la población entre 50 y 69 años bienalmente.

Por otro lado, tal y como estaba previsto, se aprobó la revisión de los procesos de los servicios asistenciales en ORL, cirugía vascular y traumatología, así como las estrategias nacionales de ictus, EPOC y cáncer, además del real decreto de ensayos clínicos, la concesión de fondos autonómicos para enfermedades raras o los criterios para el uso del transporte sanitario no urgente.

Facturas europeas

El Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), el mecanismo que asumirá gastos que hasta ahora cubría el Fondo de Cohesión, dará por cumplidas una de las reclamaciones históricas de las comunidades: asegurar las facturas de la prestación farmacéutica de los desplazados, según informó la ministra de Sanidad. La secretaria general, Pilar Farjas, informó de que las comunidades ya están en disposición de enviar al ministerio, para su evaluación, los datos de prestación farmacéutica con los desplazados temporales originarios de otras comunidades.

Lo que no se sabe todavía es si de esta evaluación se desprenderá el pago retroactivo de la deuda acumulada, como pide Cataluña. El Gobierno de CiU ha solicitado que, aunque el FOGA se ponga en marcha a finales de año, lo haga con efectos del 1 de enero de 2013. Muestra para ello los 53 millones de euros que ha generado la atención a desplazados durante 2012.

No es la única duda que existe en torno a este proyecto que, según Sanidad, incluirá la propuesta de tarifas para compensar la Atención Primaria. Al término del Interterritorial, Canarias, que desde 2009 acumula una insuficiencia financiera de unos 2.000 millones de euros, aseguró que el fondo “rompe la cohesión del SNS”. Según su consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, el fondo “debe compensar por la totalidad de los gastos ocasionados” y ser “transparente” incluyendo también los copagos en la primera fase.

El del FOGA es un ejemplo de que las tensiones financieras son más fuertes que cualquier color político. El proyecto genera preocupación incluso en regiones ‘populares’, como Castilla y León. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, teme que esta normativa pueda “interferir y desvirtuar” la prestación de algunos servicios de referencia e incluso los convenios bilaterales entre comunidades para la asistencia de pacientes.

Tampoco le ha gustado a la consejera andaluza el real decreto de sanidad transfronteriza. María Jesús Montero insistió en que “quiebra el SNS” al dejar que cualquier ciudadano que pueda permitírselo sea atendido por la sanidad privada fuera del país para que luego se financie con dinero público.

“No importan los costes, sino las vidas: la inversión merece la pena”, afirmó Mato

El FOGA asegurará las facturas de la prestación farmacéutica de los desplazados

Como ya se esperaba, la Comisión de RR.HH. del SNS junto con las CC.AA. han dado el visto bueno al proyecto de real decreto de troncalidad A pesar de algunas matizaciones de carácter más técnico, el documento se presentó sin novedades ante sus detractores y defensores. Eso sí con matices como que el tronco formativo se ajustará a lo “previsto en la LOPS” y las especialidades se agruparán siguiendo los criterios de troncalidad con periodo de formación común y una duración mínima de dos años. El capítulo de las áreas de capacitación específica también contempla puntualizaciones. Es el caso de enfermedades infecciosas, donde se podrá acceder desde Neumología, y Pediatría y sus áreas específicas, o Anestesiología y Reanimación que podrán acceder a Urgencias y Emergencias. De momento, el siguiente paso será el dictamen del Consejo de Estado. En cuanto a los detractores, Seimc ha mostrado su sorpresa al no ser reconocida como especialidad Enfermedades Infecciosas a pesar de haber recibido apoyo por parte de algunas comunidades como Valencia o Madrid. Al igual que infecciosas, diferentes sociedades han presentado alegaciones al borrador exigiendo, entre otras cosas, la ampliación de más años de MIR. De momento, todo queda pendiente del dictamen del Consejo de Estado.