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Lo que en un año y cinco meses no ha conseguido el Real Decreto-ley 16/2012 lo ha logrado en menos de una semana la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la dirección general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia. Pese a amparar su contenido precisamente en el RDL 16/2012, aunque fuera tras una modificación legal llevada a cabo en diciembre pasado, este texto no solo ha fragmentado el consenso del PP en torno a las políticas sanitarias del Gobierno, sino que ha llevado al Ministerio a adoptar una decisión sin precedentes: dar marcha atrás y permitir a las comunidades aplicar o no el copago farmacéutico hospitalario sin temor a represalias, pese a su carácter obligatorio.
El primer interrogante que genera esta nueva situación, que podría dar lugar a diferencias entre los Servicios de Farmacia Hospitalaria (en función de si tienen estructuras de cobro o no) y los pacientes (en función de si tienen que pagar o no por adquirir los mismos medicamentos en los hospitales), ha sido descartado por el ministerio. Sanidad no cree que esta decisión vaya a generar problemas de equidad, según aseguraron a GM fuentes ministeriales.
Más difícil es justificarla. Unificar la prestación farmacéutica ha sido el segundo objetivo de la reforma farmacéutica, por detrás de la reducción del gasto. Apoyándose siempre en la equidad de cara a los pacientes, el Gobierno central ha recurrido sistemáticamente ante el Tribunal Constitucional todas las intentonas autonómicas que pretendían saltarse la norma: Madrid y Cataluña con el euro por receta; Andalucía con las subastas y el País Vasco y Navarra con las tentativas de insumisión al copago farmacéutico por renta.
La vuelta de tuerca al copago hospitalario es, por tanto, difícil de entender, máxime cuando en el Senado la ministra vinculaba su aplicación con la reforma sanitaria y la necesidad de ahorrar en Farmacia. Por si fuera poco el cambio de rumbo, y ante la imposibilidad de las comunidades de implementar las estructuras de cobro en sus hospitales en apenas nueve días, el ministerio aseguró después que la resolución no tiene que aplicarse por fuerza el 1 de octubre, sino “a partir” de esa fecha.
El replanteamiento que propone el ministerio puede ser determinante a la hora de conocer qué comunidades serán las que finalmente se decantarán por su aplicación. El asunto será el tema estrella de la Comisión de Farmacia que tendrá lugar precisamente el 1 de octubre.
Tres vías
La Resolución suma ya tres amenazas de recurso de Andalucía, País Vasco y Canarias y declaraciones expresas de ‘insumisión’ en las dos primeras. Además, se habían mostrado contrarias al copago Asturias, Castilla y León y Navarra, aunque ninguna había previsto no aplicarla por considerar, como señaló el consejero de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que era “obligatorio”.
Paradigmáticos son los casos de Navarra y Castilla y León. UPN ha dado hasta ahora su beneplácito a la reforma sanitaria. Pero la semana pasada, el Parlamento Foral aprobó una declaración institucional contra el copago hospitalario apoyada por todos los grupos, salvo el PP. Y las críticas del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, marcan un antes y un después en la ‘disciplina de partido’ de las comunidades ‘populares’ en torno a la reforma sanitaria. Para esta región, este copago “solo supondrá un ahorro anual de 200.000 euros” y tendrá un efecto disuasor igualmente limitado.
La piedra lanzada por Herrera generó ondas concéntricas que expresaban dudas similares. La Comunidad Valenciana no ha establecido fecha de implantación “ya que no se considera prioritaria en cuanto a su contribución a la sostenibilidad del sistema”. La brecha popular se completa con Cantabria, Madrid, Extremadura, Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja, que han manifestado su intención de aplicar el copago. Al cierre de esta edición, casi todas daban por hecho que no podrían hacerlo esta semana. Castilla-La Mancha y Baleares ni lo confirmaban, ni lo negaban. La Rioja pedía que, al ser una cuestión nacional, que puede afectar a todos los ciudadanos, los pasos se deben dar de forma conjunta entre las 17 comunidades, bajo un método común, de la misma manera que se ha llevado a cabo el resto de la reforma farmacéutica.
Entre la insumisión y la aplicación, Canarias, Cataluña y Aragón han optado por una vía intermedia: minimizar el impacto de la norma. Aragón está estudiando “caso a caso” el impacto de los fármacos y la aportación a final de año de cada usuario afectado, al igual que Cataluña. Boi Ruiz ya pidió por carta a la ministra el aplazamiento de la medida y una “revisión a fondo” de los criterios incluidos en ella antes de validar su idoneidad. Tras analizar las consecuencias de su aplicación, la consejería de Salud concluyó que con tan poco margen de tiempo no es posible garantizar que este + no genere barreras de acceso. Por ello, añade que si el ministerio no hace esa revisión, Cataluña estudiará cómo implementar “excepciones y límites” para garantizar el acceso a los medicamentos.
Alejandro Toledo
Presidente de la AGP. “Coincido con las declaraciones hechas por el presidente de la sociedad española de farmacia hospitalaria, José Luis Poveda y Jefe del servicio de farmacia hospitalaria de la Fe, cuando dice que los dos objetivos que se pretenden con el tema de la implantación del copago en dispensación farmacéutica en los hospitales, no se cumplen. El objetivo recaudatorio no se cumpliría, si tenemos en cuenta el entramado que supondría el cobro de estos medicamentos para que sea suficiente. Por el lado disuasorio, tampoco se cumpliría el objetivo, considerando que no hay acopio de medicamentos en botiquines domésticos. No tiene sentido el que haya este tipo de copago”.
Juan Carrión
Presidente de Feder . “La Federación rechaza este nuevo copago hospitalario para 42 fármacos impulsado desde el Ministerio de Sanidad. Feder presentó con motivo del Año Nacional de las Enfermedades Raras la petición de establecer un marco jurídico que reconozca la protección de los derechos de los afectados. La condición de cronicidad de las ER, hace que el 85 por ciento de los casos requiera tratamientos de por vida. Esto provoca un alto impacto en la economía familiar, que se verá agravada con esta medida. Otra de las prioridades de Feder es que se exima del copago a las familias con ER ya que son muchos medicamentos que los afectados deben tomar para tener calidad de vida”.
Antonio Bernal
Presidente de Fneth. “Un alto porcentaje de casos de hepatitis C, el 65 por ciento, corresponde a pacientes que han sido infectados en el medio sanitario o a través de transfusiones. Es inconcebible que estos pacientes sufran el prejuicio que supone para su salud esta medida y que tengan que pagar para curarse. El problema no es el precio, que socialmente pudiese parecer una aportación mínima, sino la filosofía de la medida. Si ahora se pide esta aportación, y aún así se están restringiendo estos tratamientos por razones económicas, ¿qué pasará cuando se diagnostique a los más de 400.000 afectados que aún desconocen que padecen esta patología? “
María Jesús Delgado
Presidenta de Fep. “Desde la Federación Española de Párkinson rechazamos el copago farmacéutico hospitalario, ya que entendemos que esta medida representa una traba más para el acceso a los medicamentos de las personas que tienen menos recursos en nuestro país. Desde nuestra institución defendemos que los pacientes crónicos, y en especial las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, deberían poder tener pleno acceso a los medicamentos que tratan su patología y no entendemos que se pongan este tipo de trabas en el acceso de medicamentos, especialmente en la situación económica en la que se encuentra la mayoría de los españoles”.
