Gaceta Médica viernes, 20 de febrero de 2015 h
Los resultados del estudio ‘Oncovalor’ que ha llevado a cabo Lilly vienen a corroborar la necesidad perentoria de establecer un debate maduro entre los agentes sociales para determinar el Sistema Nacional de Salud que queremos. Resulta muy significativo que, mientras que los oncólogos estarían dispuestos a financiar un tratamiento que cuesta 50.000 euros/año más que el estándar por un incremento en la supervivencia de 5,7 meses, los pacientes y ciudadanos suben ese umbral hasta los 8,2 y 9,1 meses, respectivamente, y los decisores sanitarios la elevan hasta los 10,4. Pero la disparidad no se queda aquí, y las tornas cambian si lo que se mide en vez del aumento de la supervivencia es la calidad de vida. En este caso, los pacientes y ciudadanos serían los que estarían dispuestos a pagar más (33.000 y 30.000 euros extras), incluso sin meses de vida ganados, frente a los oncólogos y los decisores, que asumirían un plus de 26.000 y 17.000, cada uno. De los resultados de las encuestas pueden deducirse, por tanto, realidades diferentes dentro del sistema que ponen de manifiesto la pertinencia de que se establezcan los criterios que deben tenerse encuentra, y en qué proporción, a la hora de darle un valor a los fármacos, y por tanto, determinar el precio que el SNS está dispuesto a pagar por los mismos.
No cabe duda de que, para que las innovaciones terapéuticas puedan llegar a los pacientes, es recomendable que una variable a la hora de la financiación sea los resultados en la práctica clínica, dotando al proceso de más dinamismo. En este sentido, los registros siguen siendo la piedra angular. Introducir esa cultura en gestores, profesionales y pacientes facilitando los procesos y haciendo una interpretación de los mismos rigurosa y científica es fundamental para poder llevar a cabo nuevas fórmulas entre administraciones e industria. Fórmulas con planteamientos imaginativos como el que señalaba esta semana la consejera de Sanidad gallega en una entrevista a GM: acuerdos de techo de gasto negociados por patologías, no por fármaco.