Lucía Barrera, Directora de
Gaceta Médica
| viernes, 28 de agosto de 2015 h |

Como era de prever teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones generales, el verano ha tenido sus rifirrafes sanitarios. Los presupuestos generales y la atención a inmigrantes irregulares compiten en protagonismo.

Respecto a este último tema, era una cuestión recurrente desde que el RD 16/2012 denegara la tarjeta a este colectivo. Finalmente el anuncio de la presidenta popular Cristina Cifuentes afirmando que en la Comunidad de Madrid se prestarían esos servicios ha desencadenado una reacción en cadena con una cita en el calendario entre consejeros y ministerio para clarificar la situación. Alonso propone asistencia y un registro pero no tarjeta, algo que no gusta a los presidentes socialistas. Y mientras el ministro critica que las comunidades vayan por libre para dar “un titular de prensa”, cada vez son más las regiones, incluidas del PP, que no tienen intención de esperar a ver lo que se dice el día 2.

En lo que a los presupuestos respecta, se confirman también las previsiones que auguraban un peso mayor en políticas sociales que sanitarias. Es lógico que así sea, en parte por la alargada sombra electoral y en parte porque el área de sanidad, desde que se perdiera el Instituto de Salud Carlos III, se queda diluida más allá del Ingesa. Lo que sí ha sorprendido es el “allá os las apañéis” que le ha dejado el ministerio a las comunidades autónomas al retirar el fondo de cohesión. Una decisión que da a entender que el departamento de Alonso ha tirado la toalla en una de sus tareas más importantes. Ahora serán las autonomías las que tengan que saldar cuentas entre ellas para garantizar la movilidad de los pacientes. Tarea que parece, cuanto menos, tortuosa si se tiene en cuenta la diversidad de colores políticos del mapa y en un momento en que la equidad está cada vez más amenazada en nuestro Sistema Nacional de Salud. El panorama para los usuarios no es halagüeño, las derivaciones a los centros de referencia son cada vez menos y más complicadas y obligan a los pacientes a ir por la puerta de atrás, empadronándose en las CC.AA. para acceder al servicio.